El 19 de mayo de 2006, la Legislatura aprobó la Ley 8.881, que el Poder Ejecutivo provincial promulgó y publicó en el Boletín Oficial un mes después. La norma dispone la adhesión de Tucumán a la Ley Nacional 25.817, que crea, nada menos, el “Programa Nacional de Educación para la Prevención Sísmica”. Aunque es derecho público vigente, en nuestra provincia no se aplica.

Esta situación cuestiona el autor de la iniciativa, el legislador Raúl Albarracín (PJS), pero no sólo de manera discursiva. En la mañana de ayer, y luego de que la provincia dejara de temblar por el sismo de 5,7 grados en la escala Richter que tuvo epicentro en Trancas (ver páginas 2 y 3), el opositor interpuso un proyecto de resolución en el Poder Legislativo para que se demande a la Casa de Gobierno el efectivo cumplimiento de la disposición legal.

En el país

La Ley 25.817 dispuso que el Ministerio de Educación de la Nación suscribiera un convenio con el Instituto de Prevención Sísmica (Inpres) para coordinar acciones y uniformar políticas de prevención sísmica y de educación y capacitación acerca de cómo actuar en casos de temblores.

Particulamente, la norma declara que las provincias consideradas dentro de la “zona sísmica” del país son Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

“En los distritos donde se aplica la norma se distribuyen, inclusive, manuales escolares del Inpres, en los que se informa y se educa a los chicos, desde el aula, acerca de cómo debe procederse en caso de un sismo, para evitar que haya víctimas humanas. Aquí en Tucumán no hay nada de eso”, reprocha Albarracín, en diálogo con LA GACETA.

Los convenios que propone la Ley 25.817 buscan lograr que los docentes, alumnos y la comunidad sean capaces de:

• Adquirir conciencia de la realidad, y las necesidades de prevención derivadas, existentes en las zonas bajo riesgo sísmico permanente.

• Conocer las causas y efectos del hecho sísmico y las normas de comportamiento y medidas preventivas correspondientes a adoptar.

• Internalizar las actitudes y conductas a seguir, en las situaciones de emergencia sísmica.

A su vez, el Instituto de Prevención Sísmica y los Ministerios de Educación de cada provincia “constituirán comisiones integradas con profesionales del Instituto, y docentes de cada jurisdicción, las que tendrán a su cargo la organización general de las pautas propuestas” dentro del marco del programa creado a través de la ley.

Por último, la norma nacional precisa que se deberán contemplar una serie de pautas:

• Confeccionar un plan operativo, en conjunto con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que defina las acciones a seguir, los procedimientos y los tiempos de aplicación correspondientes.

• Diseñar lineamientos curriculares sobre educación para la prevención sísmica, para todos los niveles de la enseñanza, que determinen las conductas a seguir antes, durante y después del hecho sísmico.

• Elaborar manuales de adiestramiento, documentos de información y material bibliográfico, con destino a instituciones y establecimientos educativos.

• Llevar a cabo toda otra acción que persiga el obtener los objetivos denominados en el artículo tercero de la ley.

En Tucumán

“El objetivo del programa de Educación para la Prevención Sísmica es lograr que docentes, alumnos y comunidad adquieran conciencia de las causas y efectos del hecho sísmico, como así también de las normas de comportamiento y de las medidas preventivas a adoptar en situaciones de emergencia sísmica”, expresan los fundamentos de la Ley 8.881.

A través de esta ley se podría tener un mayor conocimiento de este tipo de fenómenos, que permitirá analizar los hechos sísmicos y determinar mejores maneras de conducirse cuando se enfrenta un acontecimiento de esas caraterísticas. “Al mismo tiempo, se adquiriría la conciencia de que se habita en una zona sísmica, por lo que resulta imprescindible incorporar conductas correspondientes a evitar o mitigar el riesgo que implica vivir en un lugar con esas características”, puntualizó el parlamentario.

“En circunstancias como un temblor, en las cuales las personas suelen anteponer sus emociones antes que la razón a la hora de actuar, la concientización y educación en el tema hará que se logre sustituir esas conductas de pánico e imprudencia por nuevos hábitos conductuales positivos con el fin de prevenir posibles víctimas fatales y reducir los efectos nocivos de los sismos”, alegó el legislador radical.