La obra teatral se realiza en distintos escenarios geográficos y en diferentes momentos históricos.
En el primer acto, el capitán James Cook llega a lo que hoy se conoce como Australia a finales del siglo XVIII. Queda pasmado frente a unos roedores gigantes que, en lugar de correr, brincan. El marino y su botanista, Joseph Banks, sólo pueden intentar comunicarse por señas con los nativos. Una especie de “Dígalo con mímica” de 1770. Y tras mucho gesticular, identifican una palabra como respuesta, a la que anotan fonéticamente como “kangaroo”. Así fueron denominados desde entonces los canguros. Tiempo después (dice la “leyenda” con pretensiones etimológicas sobre la que se basa el guión) descubrieron que la expresión de aquellos pobladores originarios, en realidad, quería decir: “No le entiendo”.
En el segundo acto, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, entra a una audiencia -solicitada por él- con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el pasado martes 7. Y les dice a los jueces que él, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández están preocupados por la “tremenda falta de legitimidad” del superior tribunal. Los acusa de no pronunciarse en las causas que son del interés del pueblo argentino, actitud que califica como “indecorosa pasividad”. Y les imputa dedicarse únicamente a emitir fallos que son “urgentes para la corporación judicial”, conducta que tildó de “sospechosa celeridad”. Para rematar, publicó en su cuenta de Twitter: “Expresé mi preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia argentina en los últimos cinco años”.
Dos horas después, la Corte emitió un fallo de interés para el pueblo, cuanto menos el de Santa Fe: ordenó a la Casa Rosada pagarle a esa provincia $ 86.000 millones por coparticipación de impuestos mal retenida desde tiempos de Néstor Kirchner. El jueves siguiente se reactivó la causa “Cuadernos de la corrupción”. El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al ex secretario de Control del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, y a siete empresarios acusados de pagar coimas. Comparecerán entre el lunes y el viernes próximos.
Tercer acto: otra vez la doble combinada de martes y jueves. El pasado 14 visitó la provincia el Presidente de la Nación y volvió a embestir contra el Poder Judicial nacional. “La Justicia es, en el estado de derecho, un poder central, muy importante; debe servir a los ciudadanos, para que ellos puedan resolver sus conflictos, la Justicia no es una corporación, es un poder del Estado, y como tal debe funcionar, poniéndose al servicio de la ciudadanía. Y, para eso, lo que tenemos que hacer es agilizar los procesos, garantizar los ámbitos donde los procesos se desarrollen, y garantizarles a quienes no pueden contratar un abogado que tendrán un servicio de defensa adecuado; y garantizar que los juicios serán, por sobre todas las cosas, imparciales”.
Ayer, la Corte declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación que contrajo a 13 sus miembros (originalmente eran 20).
¿Cómo se llama la obra en la que el Gobierno nacional ve saltar a la Corte Suprema en defensa de las instituciones y no lo entiende? República de Kangaroo.
Institución
La incapacidad del Gobierno para entender lo que le viene ocurriendo en el plano de la república tiene tres grandes manifestaciones.
La primera de ellas es institucional y se lee en el fallo de 65 páginas emitido por la Corte Suprema de Justicia en el caso del Consejo de la Magistratura, cuya arquitectura y demolición siempre tuvo al kirchnerismo como protagonista. Y a la actual Vicepresidenta como arquitecta.
El órgano encargado de la selección, sanción y remoción de los magistrados nace con la reforma constitucional de 1994: Cristina fue una de las convencionales constituyentes. El artículo 114 de la Carta Magna establece en su segundo párrafo: “El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”.
En 1997, la Ley 24.937 regula su funcionamiento. Curiosamente, Cristina estuvo en las dos Cámaras del Congreso ese año: renunció como senadora y asumió como diputada. Tras una serie de reformas, que incluyeron su composición, el organismo comenzó a funcionar al año siguiente. En nombre de aquella pauta constitucional taxativa, se organizó finalmente con 20 miembros que cristalizaran el equilibrio ordenado por la Ley de Leyes.
• El presidente de la Corte Suprema
• 4 jueces
• 4 abogados
• 2 diputados de la mayoría
• 2 diputados de la minoría
• 2 senadores de la mayoría
• 2 senadores de la minoría
• 2 académicos
• 1 representante del Poder Ejecutivo
Pero en 2006 se concretó una reforma, que tuvo otra vez a Cristina como una de las artífices. Ella sostuvo que con 20 miembros el funcionamiento del Consejo de la Magistratura era lento y burocrático, así que decidió reducirlo a 13 miembros. Pero en esa reducción quedó fijado que el estamento político tenía primacía sobre el resto. La composición fue:
• 3 jueces
• 2 abogados
• 2 diputados de la mayoría
• 1 diputado de la minoría
• 2 senadores de la mayoría
• 1 senador de la minoría
• 1 académico
• 1 representante del Poder Ejecutivo
Es decir, siete de los 13 miembros (la mitad más uno) eran políticos. Cinco de esos siete miembros políticos eran del oficialismo.
Diluviaron los planteos judiciales contra ese cambio. Y comenzaron a darse los pronunciamientos de los tribunales inferiores en contra de la modificación. Entonces, el kirchnerismo ensayó la reforma de la reforma. En abierta contradicción con la reducción de miembros, y con el argumento de que con menos consejeros el funcionamiento era más eficiente, sancionó que se pasara de 13 a 19 miembros. Y sin que nadie en el oficialismo se pusiera colorado, con el mismo fanatismo con el que demonizaban un Consejo amplio, salieron a reivindicarlo. El relato de turno fue “la democratización de la Justicia”. Eso sí: ahora a los consejeros se los elegiría en las urnas, por listas de candidatos, y a través de los partidos políticos. Porque de eso se trata la cultura de las reformas institucionales “K”: arruinan lo que funcionaba, entonces dan marcha atrás atendiendo lo que le piden, pero para empeorar las cosas aún más. O sea: ¿quieren un Consejo de la Magistratura con miembros de varios estamentos? De acuerdo: pero estará absoluta y enteramente politizado.
La reforma de la reforma fracasó: la Justicia, mediante el fallo “Rizzo” la fulminó de inconstitucionalidad y estableció una esencia incuestionable: el Consejo de la Magistratura debe vertebrarse con el equilibrio que ordena la Ley Fundamental de la Nación. Se mantuvo vigente, entonces, el “achique” de 2006. Ese a través del cual el kirchnerismo sostiene que para tener más democracia había que tener menos república…
Ayer, la Corte Suprema tan vituperada por la Casa Rosada volvió a reiterarle esa misma lección de institucionalidad al Gobierno, como quien repite para aquel que no entiende. La reforma de 2006 va en contra del equilibrio de la manda constitucional. ¿Cuál equilibrio es aquel donde, de 13 miembros, siete pertenecen a un solo estamento, que por tanto tiene quórum propio para sesionar e integrar las comisiones de la institución?
El oficialismo argumentó que los siete representantes no son todos del oficialismo, lo cual confirma que “no entender” no es una contingencia, sino una forma de pensar y de vivir. La Constitución no distingue entre oficialistas y opositores: ordena un equilibrio estamentario.
Psicología
La segunda dimensión de lo que el Gobierno no entiende es psicológica. Es, sin más, un acto de transferencia. La proyección en los demás -en este caso- del error propio. El Gobierno no entiende que no entiende. Consecuentemente, decide que, en realidad, los que no entienden son los demás.
En octubre, tras completar la peor elección de la historia del peronismo, el Presidente no sólo no reconoció la derrota del 14 de noviembre sino que mandó a festejar el 17 de noviembre, Día de la Militancia Justicialista, “como corresponde”. Tampoco entienden que ya no son la mayoría gobernante, sino una primera minoría. Minoría que viene de un desastre electoral que les ha costado estar empatados con la oposición en Diputados. Y que significó desperonizar el Senado, donde ya no tienen más el quórum propio. Aún así, mandaron al Congreso un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura el 7 de diciembre (sí: la tercera reforma “K” del organismo), cuando en los círculos más informados del poder ya se sabía que el fallo contra la reforma de 2006 era “inminente”, tal como se avisó aquí el viernes pasado.
Desde esas ruinas del poder, intentan atropellar a la Corte Suprema de la Nación, que viene (con ritmo semanal) explicándoles que al fracaso en el terreno electoral y político, ahora le suman un marasmo en el terreno judicial. ¿En qué otro frente necesitan derrapar los miembros del oficialismo para entender que quienes no están entendiendo son ellos?
Poder
La tercera dimensión de la “no comprensión” del Gobierno es la del poder. Cuando la Presidencia de la Nación actúa como si creyera que puede atropellar a la Corte Suprema revela una situación tan trágica como lógica: hoy, en la Casa Rosada, no saben lo que es un poder el Estado. Y no lo saben porque no ejercen como tal.
La Vicepresidenta de la Nación, tanto en 2020 como en el moribundo 2021, escribió sendas y cartas y con ello concreto sendos cambios en el Gabinete de la Nación. El año pasado le dijo en una misiva al Presidente que tenía funcionarios que no funcionaban y él reemplazó colaboradores. En septiembre pasado lo responsabilizó por la derrota de las PASO y le reclamó más cambios, otra vez por carta. Y pasó otra vez lo mismo.
Entonces, si la que gobierna es Cristina, y por correspondencia, resulta penoso, pero entendible, que Alberto crea que él puede dirigir a la Corte Suprema con discursos desde Tucumán, o a través de mensajes enviados con emisarios, como el ministro de Justicia.
El superior tribunal lo está instruyendo al respecto. La pedagogía judicial resulta a todas luces impiadosa, por supuesto. Pero, definitivamente, tiene una claridad implacable.