La minería, esa actividad que le provoca escozores a la Universidad Nacional de Tucumán, volvió a estar en el centro de la escena en las últimas dos semanas. Mientras afuera del Rectorado organizaciones ecologistas y representantes de la comunidad de Andalgalá (Catamarca) hacían una manifestación en protesta contra la megaminería y el proyecto de Agua Rica, adentro, en sesión secreta del Consejo Superior, la casa de altos estudios avanzaba en decisiones sobre el complejo tema que la tiene como protagonista desde hace ocho décadas, cuando Abel Peirano le cedió derechos para la explotación del yacimiento Farallón Negro.
El Consejo Superior debía analizar los informes de tres comisiones creadas para tratar los problemas derivados del acuerdo de octubre de 2019 en YMAD (empresa que integran Catamarca, la UNT y la Nación) para sumarse al proyecto minero de Agua Rica. Días después, el Consejo superior rechazó ese acuerdo. Las comisiones analizaron aspectos legales, económico-financieros y ambientales-socioculturales y de salud. Entre el martes 18 de noviembre y ayer se expusieron los detalles de los estudios. Se supo que los expertos advirtieron que se requerían más informes para llegar a conclusiones concretas.
El Consejo Superior aprobó por unanimidad conciliar posiciones con YMAD para poner fin a las diferencias y al juicio tramitado ante el juzgado federal de Catamarca por la nulidad del acta de 2008 por la que se ponía punto final a la cláusula de la Ley 14.471 que determinaba destinar el 40% de las utilidades mineras a la Ciudad Universitaria. En consecuencia, el proyecto Ciudad Universitaria volvería a estar vigente.
Todo esto debe ser aprobado ahora por el directorio de YMAD.