El ministro público de la Defensa, Washington Navarro Dávila, rechazó que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán disponga de facultades para inmiscuirse en el conflicto que planteó la defensora oficial MIVS y para otorgar a esta una licencia como lo hizo. “Considero que hay una innecesaria e injustificada intervención de ese tribunal en actos y decisiones que me corresponden por mi carácter de titular del órgano máximo de la Defensa Pública en la provincia”, dijo Navarro Dávila mediante un escrito que presentó en la Secretaría de Superintendencia de la Corte. En esas “manifestaciones”, el jefe de los defensores oficiales negó las acusaciones de violencia y hostigamiento que le endilgó MIVS; explicó las razones de servicio que lo habían llevado a investigar a su denunciante y, además, reivindicó la perspectiva de género de su gestión.

A finales de septiembre, la apoderada de MIVS, la abogada Dolores Remis, interpuso una denuncia de violencia de género y acoso laboral contra Navarro Dávila en la que solicitó a la Corte que activara el protocolo específico para este tipo de casos; dictara una medida de protección que sustrajera a la defensora oficial del ámbito de influencia del denunciado; abriera un sumario administrativo y girara las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para la investigación de los posibles delitos. De manera inmediata, la Corte reasumió la potestad de superintendencia sobre todo el Poder Judicial previsto en el artículo 121 de la Constitución y ordenó una “licencia médica de excepción” por 60 días corridos en beneficio de MIVS, según consta en la Acordada 1.208 que firmaron el 28 de septiembre los vocales Daniel Leiva (hoy presidente), Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos (la ex titular, Claudia Sbdar, no estaba presente en ese momento mientras que el vocal decano Antonio Daniel Estofán se excusó). Los vocales precisaron que la concesión de la licencia no implicaba “adelantar una opinión acerca de las restantes cuestiones planteadas”. Y argumentaron que el permiso prosperaba porque podría encontrarse comprometido “la debida diligencia reforzada” que ordena la Convención de Belem do Pará: “ello torna necesario arbitrar los medios para salvaguardar la integridad física y psíquica de MIVS”. Aquella licencia venció ayer.

Navarro Dávila dijo que él no consentía la Acordada 1.208 ni las actuaciones administrativas abiertas en la Corte, y citó otros antecedentes expedidos por los vocales que reconocían sus potestades legales de superintendencia en el Ministerio Público de la Defensa. Entre otros precedentes, el jefe de los defensores recordó que, en un juicio promovido por el Colegio de Abogados de la Capital, los jueces Sbdar, Leiva y Rodríguez Campos fallaron a favor de la separación, y autonomía de su organismo. “Esta competencia está firme, y fue respaldada en forma reiterada, pacífica y sin disidencia en la Corte”, expresó.

Pese a que, según su criterio, no le correspondía referirse a la denuncia de MIVS, Navarro Dávila acotó que “el principio de buena fe” lo instaba a hablar sobre el asunto. “Es política de Estado de este Ministerio la igualdad y la no discriminación de las mujeres como, asimismo, su empoderamiento. Ella se refleja palmariamente en el área ejecutiva (con toma de decisiones) que se encuentra conformada mayoritariamente por mujeres”, afirmó. Y añadió que las agentes conformaban el 51,3% del personal de la Defensa Pública.

El superior de los defensores estatales aseguró que MIVS gozaba de una licencia otorgada por su institución al momento de la denuncia, lo que, según su criterio, tornaba aún más innecesario el permiso “erróneamente” conferido por la Corte. E insistió en que los actos de violencia que aquella había denunciado eran “interpretaciones arbitrarias” sobre algunos hechos vinculados al funcionamiento del Ministerio: “se trata de relatos sesgados de parcialidad y de prejuicios infundados que constituyen expresiones y acusaciones difamatorias”.

Navarro Dávila dijo que MIVS había reconocido su política institucional en una entrevista del 22 de noviembre de 2020 concedida por el Día del Defensor Público. Y agregó que todas las disposiciones que la defensora oficial de la capital cuestionaba y tildaba como hostigamiento “siempre” habían tenido como destinatarios a todas las defensorías, no a ella en particular.

Tras enumerar los principios rectores de su organismo, entre ellos la transparencia e información pública, Navarro Dávila manifestó que tales postulados no se habían plasmados en el caso de Rocío, la niña de cuatro años asesinada en julio. El jefe de la Defensa expresó que la madre de la víctima había pedido asistencia en forma insistente a la Defensoría Oficial Civil N°2 de MIVS y que esta unidad no había promovido medidas de protección. Según comentó, tras el crimen de Rocío, solicitó un informe a MIVS donde aquella admitió que desconocía las peticiones de la madre de la niña, y, luego, resolvió la apertura de una investigación administrativa para determinar “cuál había sido la falla”.

A continuación, Navarro Dávila hizo una rendición de cuentas de la gestión que había desplegado desde octubre de 2018, cuando asumió como primer titular de la Defensa. Entre otros logros, dijo que había aumentado el número de defensorías y de oficinas técnicas de apoyo; que había conseguido que los defensores oficiales sean remunerados como vocales o fiscales de Cámara -antes tenían el salario de un juez de primera instancia-; que había redistribuido de manera equitativa el personal y que, por eso, trasladó agentes de la unidad de MIVS y, luego, le incorporó otros; que había instado mejoras edilicias “con perspectiva de género” a partir de la creación de la Oficina de Arquitectura y Mantenimiento; que había puesto en marcha actuaciones de control, como la fiscalización de la asistencia por medio del reconocimiento facial, etcétera.

El jefe de la Defensa concluyó que de la reseña pormenorizada se desprendía que no existía acto lesivo alguno que significara discriminación ni violencia de género. “MIVS, como todas las defensoras, recibió siempre un trato respetuoso y la consideración a su dignidad como persona. Las disposiciones que ella califica como violencia laboral están y estuvieron siempre basadas en el objetivo de lograr mayor eficiencia y eficacia, más laboriosidad y contracción a los principios rectores del Ministerio en aras de hacer efectivo el acceso a la justicia de las personas vulnerables”, advirtió.

Venció la licencia: la denunciante del jefe de la Defensa Pública aguarda una definición del alto tribunal

Venció ayer la licencia de MIVS, la defensora oficial civil N°2 de San Miguel de Tucumán que denunció a su superior, Washington Navarro Dávila. Este permiso excepcional por 60 días corridos había sido dispuesto el 28 de septiembre pasado en la Acordada 1.208 de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Fuentes relacionadas con el conflicto dijeron que la funcionaria constitucional había solicitado una extensión de la licencia fundada en motivos de salud por el mismo plazo al propio alto tribunal que autorizó el primer tramo. Ello obligaría a la Corte que preside el vocal Daniel Leiva a expedirse de nuevo acerca de este punto del planteo de MIVS, que alegó que Navarro Dávila ejercía sobre ella violencia de género y acoso laboral desde el momento en el que había asumido como titular de la Defensa. Sin perjuicio de lo que haga el alto tribunal, la defensora no se reincorporaría a su despacho puesto que estaría vigente una licencia que, en paralelo a la denuncia, expidió el Ministerio de la Defensa hasta enero de 2022.