Hace ya más de 15 años que la Dirección General de Catastro de la Provincia de Tucumán, como órgano fundamental de la sociedad y del Estado, ha venido degradándose a pasos agigantados como consecuencia de las reglas que la rigen (que ellos mismos dictan). La “despapelización” fue una falsa promesa. Hoy registrar una mensura es una tarea pastosa y de incierto resultado y ya está probado que un software no puede resolverlo. Los plazos de entrega se han vuelto inciertos y la burocracia está en plena efervescencia. No hay lugar para la iniciativa privada, no la escuchan; sus prácticas verticalistas de creación y administración de estados parcelarios y a veces de derechos reales, los convierten en dueños de la verdad en clara contradicción con derechos y garantías constitucionales y con su función esencial, cual es la de publicitar los levantamientos territoriales y llevar una cartografía actualizada y no precisamente en derivar labores propias de la repartición en los profesionales independientes, tales como: situación fiscal del inmueble, declaraciones juradas de todo tipo, cartas documentos, certificaciones, planillas Excel ,rogatorias, poderes y autorizaciones judiciales, etcétera. Desconociendo que, como inventario de parcelas, deben limitarse a dar respuestas a ¿Dónde? y ¿Cuánto? y dejar para el registro de la propiedad las respuestas al ¿Quién? y ¿Cómo? En pocas palabras, no ser más papistas que el Papa y respetar el libre ejercicio profesional, no imponiendo a los agrimensores labores ajenas a la mensura.

Roberto Padros


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