Transcurrieron más de cuatro meses de mora en el dictado de la sentencia definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia local, en la acción de amparo que interpuse en julio de 2020 contra el CPN Osvaldo Jaldo, por negarse a publicitar la nómina del personal legislativo, el monto de sus sueldos, y el de los asesores de los legisladores y bloques políticos por él nombrados, en clara violación al derecho humano a acceder a esa información pública conforme artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. Este gravísimo retardo de justicia se agrava por el hecho de que uno de los integrantes de la Sala de la Corte que debe dictar el pronunciamiento es el Dr. Daniel Leiva, a quien recusé de entrada cuando interpuse esta acción, por su indudable vinculación política con Jaldo, a cuya sombra y protección Leiva ocupó diversos cargos en nuestra provincia como funcionario en la Intendencia de Trancas, en el gobierno provincial y en la Caja Popular de Ahorros, siempre bajo la vinculación política y el auspicio de Jaldo. Esa recusación fue rechazada, lamentablemente. Tuve conocimiento que el Dr. Posse, integrante de esta Sala de la Corte, pidió excusarse por entender que una publicación de LA GACETA puso en duda su imparcialidad, dado que la demora en fallar denunciada por mi parte no era su responsabilidad, por cuanto el expediente le fue transferido para su voto apenas 24 horas antes de esa publicación. Estuvo en manos de Leiva y Eleonora Rodriguez Campos durante más de cuatro meses, cuando la sentencia debió dictarse 48 horas después de pasar los autos para sentencia, hecho que ocurrió el 8 de junio pasado. Se consuma, en esta causa, una gravísima violación a la garantía judicial sobre la exigencia de contar con un tribunal que debe ser independiente e imparcial, conforme artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ostenta jerarquía constitucional (art.75, inc.22. CN. Estando dicho tribunal integrado por el vocal Leiva, estoy totalmente desamparado, en manos de un juez supremo cuya vinculación política con el hoy gobernador Jaldo es pública y notoria. No será, entonces, “Justicia”, la que la gran mayoría del pueblo tucumano está exigiendo a viva voz todos los días, para saber, entre otros legítimos requerimientos, cómo manejan y aplican los funcionarios públicos el dinero recaudado y pagado por los contribuyentes. La Legislatura de Tucumán es una de las más caras del país, en la provincia más pequeña. El secretismo impuesto debe cesar, contando para ello con tribunales independientes e imparciales, que, en el caso que he planteado, ha sido desconocido.
Luis Iriarte
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