El Gobierno nacional afinó los detalles de los operativos que se pondrán en marcha para garantizar el cumplimiento de la resolución que congeló por 90 días los precios de más 1.400 productos de consumo masivo, a la vez que volvió a reclamar la solidaridad de los empresarios para "cuidar el bolsillo de los argentinos".
El asunto fue uno de los ejes de la reunión que encabezó ayer el presidente Alberto Fernández en la quinta de Olivos con funcionarios nacionales, intendentes bonaerenses y dirigentes de la coalición gobernante, como los diputados Sergio Massa y Máximo Kirchner. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó de manera virtual.
El Gobierno había emitido esta semana una resolución por la que se congelan los precios de 1.432 productos de consumo masivo hasta el próximo 7 de enero. Al salir del encuentro, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, afirmó que esta canasta básica "es una necesidad". Por ello, se les pidió a los gobernadores e intendentes que garanticen que no haya remarcaciones.
De hecho, el gobernador de Tucumán (con licencia) y jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, había publicado en su cuenta de Twitter que se vigilará la competencia equitativa entre las firmas y se actuará con todos los recursos de la ley para sancionar de ser necesario. "Una medida que garantiza precios justos y estables para proteger y defender a los consumidores argentinos", escribió en la víspera.
Sin embargo, el mayor problema para las empresas es que, en algunos casos, hay productos que hoy se venden hasta un 30% más caros de lo que fijó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Por ejemplo, el “Aperitivo Amargo Serrano Tres Torres 1.5 Lt” cuesta entre $93 y $98, cuando la lista oficial sugiere un valor de $85,05.
Los economistas consultados por el diario La Nación consideran que la política podrá tener algún efecto transitorio en la inflación, que es el principal objetivo del Gobierno (el dato oficial de octubre se publicará tres días antes de las elecciones), pero le sumará presión a los precios de cara al próximo año, cuando se deban actualizar también los valores de las tarifas de luz, gas, transporte y combustibles.
El miércoles último, a través de la resolución 1050, publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo impuso el congelamiento por 90 días. Los precios deben retrotraerse al 1 de octubre. Y como no incluyen el aumento que ya se había aprobado para muchos de esos productos, algunos costos son de junio y julio.
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