El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que solicitará a la Corte Suprema que revoque la ley del estado de Texas que prohíbe la interrupción del embarazo a las seis semanas de gestación.

"El Departamento de Justicia tiene la intención de pedir a la Corte Suprema suspender nuevamente esta ley que prohíbe abortar incluso en caso de incesto o violación", afirmó la vocera de dicha cartera, Anthony Coley.

El anuncio se produce un día después de que un tribunal de apelaciones permitiera que la norma siga en vigor al menos hasta diciembre, cuando está prevista una nueva audiencia de argumentos orales.

La ley, que está en el centro de una feroz batalla judicial, prohíbe los abortos en cuanto el latido del embrión es detectable, en torno a las seis semanas de gestación, cuando la mayoría de las mujeres aún no saben que están embarazadas.

La ley de Texas tiene una particularidad que complica su tratamiento en la justicia: el Estado no se ocupa de velar por su cumplimiento, sino que delega ese rol en los ciudadanos al invitarlos a denunciar por la vía civil a las clínicas que realizan abortos después de ese término o a cualquiera que ayude a una persona a efectuarlo y los compensa con 10.000 dólares si la demanda prospera.

Si bien hasta ahora la Corte Suprema había sido la mejor garante de este derecho, la nueva mayoría conservadora -alcanzada tras los nombramientos efectuados por el expresidente Donald Trump- rechazó bloquear el pasado 1 de septiembre la entrada en vigor de la ley de Texas por "cuestiones de procedimiento complejas y nuevas", a la vez que no se pronunció sobre su constitucionalidad.

Desde entonces, interrumpir legalmente un embarazo es casi imposible en Texas, pero el gobierno de Biden emprendió una batalla judicial y legislativa para intentar revocar la medida y garantizar la protección del acceso al aborto en todo el territorio.

El gobierno federal presentó una demanda en su nombre contra Texas y el 6 de este mes un juez de primera instancia falló a su favor y suspendió la ley.

Sin embargo, unos días más tarde, un tribunal de apelación de Luisiana, conocido por su conservadurismo, anuló esa decisión y ordenó que la ley de Texas siga en vigor mientras dure el procedimiento legal.