LA GACETA, en su edición del 26/09, informó a la opinión pública sobre la iniciativa del Gobierno Nacional, de poner en práctica un plan electoral con alto costo fiscal; el proyecto consistiría en reinvertir los recursos fiscales, en asistencias a los sectores damnificados por la triple crisis, provocada por la pandemia de Cambiemos, el desastre económico y social producido por la Covid 19, más el fracaso durante 21 meses de los funcionarios que no funcionaron. La propuesta oficial, que los entendidos, en la página siguiente de LA GACETA juzgaron como un contrapeso al resultado de la gran encuesta nacional, olvidaron la advertencia que Cristina formuló hace nueve meses al recomendar “…alinear los salarios y las jubilaciones, con los precios de los alimentos y las tarifas…”, anticipándose al resultado electoral del 12/09, que no obstante no ser una derrota electoral, porque que el enfrentamiento en la encuesta fue entre candidatos opositores al oficialismo. La decisión del gobierno de unificar listas, contrarresto el efecto multiplicador, que tienen las internas en el peronismo; ocurrió lo contrario en las jurisdicciones donde el oficialismo participó con más de una propuesta, en donde los resultados superaron a la oposición en su conjunto. En lo concerniente al “costo fiscal”, de $ 180.000 millones, que escandaliza a la oposición, es oportuno recurrir a las compulsas numéricas: los intereses de la timba financiera a través de las herramientas del BCRA (Lebac, Leliq, etcétera) duplicaron en un año al “gasto fiscal”, con beneficio cero para el pueblo; el pago de U$S 1.900 millones al FMI, por el endeudamiento liberal, con un “clic” superó en más de $ 17.000 millones al “escandaloso” costo fiscal. La seis medidas informadas por LA GACETA impactarán favorablemente en el bolsillo de la gente, pero no es menos cierto que la falta de un estricto control de los precios y tarifas, puede tirar por la borda (“Virus y crisis”, LA GACETA, 05/06/21) la intención de atenuar el mal momento. Algunos medios televisivos locales difundieron informaciones falaces sobre un hipotético pedido del Gobierno nacional a los formadores de precios para que los valores de los alimentos y las tarifas se mantengan por lo menos hasta después del 14/11. El informe muestra que algunos medios desconocen el acuerdo entre la Secretaría de Comercio de la Nación y los grupos formadores de precios, vigente hasta los primeros días de 2022. Frente a esta aberración informativa, pregunto: ¿el gobierno no dispone de herramientas, institucionales, para controlar el precio de los alimentos y las tarifas, o desde otro ángulo, los grupos económicos formadores de precios, están todos libres de “pecados fiscales”?
José Emilio Gómez
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