La Corte Suprema de Justicia de Tucumán reasumió la superintendencia sobre todo el sistema judicial que le otorga el artículo 121 de la Constitución provincial y otorgó una “licencia médica de excepción” por 60 días corridos a MIVS, defensora oficial de la capital y denunciante del ministro público de la Defensa, Washington Navarro Dávila (foto).
El permiso para ausentarse consta en la Acordada 1.208 que firmaron ayer los vocales Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos.
El instrumento indica que el vocal decano Antonio Daniel Estofán se excusó de intervenir y que la presidenta Claudia Sbdar no participó por estar de licencia.
“En atención a los hechos denunciados (supuestas violencia de género y acoso laboral); en especial a los informes médicos adjuntados; a los derechos implicados y a la tutela que merece la situación prima facie constatada, corresponde disponer, como medida preventiva, una licencia médica de excepción”, dijeron los vocales.
El día anterior, la defensora oficial y su abogada Dolores Remis habían denunciado a Navarro Dávila ante la Corte.
La presentación solicita la activación del Protocolo para la Prevención e Intervención en Situaciones de Violencia Laboral con Perspectiva de Género en el ámbito del Poder Judicial; la emisión de una medida de protección que separe a la denunciante del denunciado y la formulación de una acusación penal contra el superior objetado.
Los vocales Posse, Leiva y Rodríguez Campos precisaron que la concesión de la licencia no implicaba “adelantar una opinión acerca de las restantes cuestiones planteadas”. Y argumentaron que el permiso prosperaba porque podría encontrarse comprometido “la debida diligencia reforzada” que ordena la Convención de Belem do Pará: “ello torna necesario arbitrar los medios para salvaguardar la integridad física y psíquica de María Isabel Vidal Sanz”.
La denuncia refiere que el hostigamiento comenzó cuando Navarro Dávila asumió como jefe de los defensores en 2018 y se intensificó en los últimos meses, a partir del crimen de la niña Rocío.
Según Remis y Vidal Sanz, los excesos y maltratos fueron generalizados, y crearon un clima de miedo en la institución. Consultado por LA GACETA, Navarro Dávila negó los hechos y dijo: “a partir del gravísimo hecho de la niña Rocío se inició una investigación administrativa a pedido de la misma denunciante María Isabel Vidal Sanz la cual se encuentra en trámite por ante la Secretaría de Superintendencia. Partiendo de la situación que se vivió, se fijó a los defensores civiles y de Niñez el cumplimiento de horarios (de 8 a 13 horas y de 16 a 19 horas). Reitero que en ningún momento hubo violencia laboral”.