La huida de Roberto Carlos Rejas -femicida de su pareja, Milagros Avellaneda, y asesino del hijo de ambos, Benicio- del cuartel de la División de Bomberos de la Policía de Tucumán, y la fuga, el mismo día, de tres presos de la dependencia policial de Los Aguirre motivó la presentación de un proyecto para que el Gobierno declare la emergencia edilicia en las comisarías.

Cano, sobre la fuga de Rejas: "el ministro y la cúpula policial perdieron por inútiles"

La iniciativa fue presentada por los legisladores José Ascárate y Paulo Ternavasio (Juntos por el Cambio). Propone, en concreto, que se declare la emergencia edilicia y funcional de las comisarías de la provincia por un plazo de dos años, sujeto a prorroga.

Raúl Albarracín: “la fuga de Rejas no es un hecho aislado, es una constante”

“Las condiciones de las comisarías son de terror. Son espacios insalubres, con alto riesgo de derrumbe, que no garantizan las condiciones dignas para las personas privadas de la libertad, y mucho menos para el personal policial”, dijeron los parlamentarios.

El carcelero que debía cuidar a Rejas había sido condenado por un homicidio

Consideraro que el proyecto es el primer paso en pos de la seguridad de los ciudadanos. "Y surge desde una iniciativa de legisladores, cuando la verdadera responsabilidad de la seguridad es del ministro (Claudio Maley)” precisaron.

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán pide explicaciones por la fuga de Rejas

Trascartón, apuntaron hacia la responsabilidad política de la situación de la seguridad en la provincia. "La falta de Justicia, la incapacidad de los funcionarios y la complicidad del personal policial con el crimen y el delito hacen de Tucumán un infierno para vivir. La gente no da más. La seguridad es una decisión política, y el ministro parece no escuchar a los tucumanos”, protestaron.

Según se desprende del escrito, el proyecto tiene por objetivos:

- La revalorización de las instalaciones edilicias de la dependencias policiales.

- Establecer conexión inalámbrica en todas la comisarías.

- Ordenamiento de las dependencias que posean depósitos judiciales y secuestro.

- Adecuación de los espacios destinados al uso del personal policial y alojamientos para personas privadas de libertad.

- Colocación de circuito cerrado de monitoreo en espacios de acceso al público y detención de personas.

- Garantizar condiciones de higiene y seguridad, los derechos y las garantías de los alojados en dependencias policiales y las condiciones dignas de trabajo del personal policial.