“Ojalá que ningún otro privado de la libertad lo manden a ese calabozo. Es una pocilga y encima te verduguean todo el tiempo”, dijo César Rolando Salvatierra, uno de los tres detenidos que fueron recapturados luego de haberse escapado el viernes de la seccional 9ª. El reclamo se escuchó en una audiencia donde él y otros dos jóvenes fueron procesados por evasión. Pero en el debate lo que más se trató fueron las condiciones indignas en las que se encontraban encerrados; los supuestos golpes que recibieron y la posible colaboración que recibieron de los policías.
El viernes a la madrugada, ocho detenidos se escaparon de esa dependencia policial. El auxiliar fiscal Gonzalo Zavalía informó que lo hicieron entre las dos y las seis de la mañana después de haber limado con una sierra los barrotes de un ventiluz ubicado en el techo de los calabozos. Salvatierra (42), José Juan Pera (28) y Roberto Shijke (32) fueron detenidos horas después en diferentes procedimientos. Los tres dijeron que ya habían sido condenados y esperaban ser trasladados al penal de Villa Urquiza.
Esa fuga está vinculada a la cada vez más grave crisis carcelaria que hay en la provincia. En las dependencias policiales se encuentran alojados más de 1.100 detenidos, cuando tienen capacidad para poco más de 400. De ese número, más de 700 son reos a los que se les dictó la prisión preventiva y más de 200 que ya fueron condenados.
Hace poco más de cinco años, a través de una acordada, la Corte Suprema de Justicia dispuso que ningún procesado o penado podía permanecer alojado en los calabozos de las dependencias policiales.
El jueves 2, en la Brigada Femenina de Concepción, fallecieron cuatro mujeres por asfixia. Tres de ellas ya habían sido condenadas y la cuarta estaba por afrontar un juicio. Dos detenidas no tendrían que haber estado en ese lugar, ya que habían sido sentenciadas por haber cometido delitos dentro del ámbito del Centro Judicial de la Capital. Terminaron allí porque no había lugar en la cárcel ni en las comisarías.
Indignante
Luego de haber escuchado la acusación en su contra, los detenidos coincidieron en señalar que ellos se escaparon porque otros compañeros habían roto la pequeña ventana. “Le voy a decir su señoría que el oficial Ávila cobró para que pasaran la sierra”, denunció Juan Pera. “Nos fuimos porque no podíamos seguir encerrados en esa porquería, Nuestra celda es para tres personas, pero estábamos 10. Yo estoy pagando lo que hice, pero no por eso me van a tratar como a un animal”, agregó Salvatierra.
El defensor oficial Patricio Juárez Chicco pidió autorización para exhibir las imágenes que había tomado de los calabozos. Allí se descubrió que había una sola letrina para los 25 detenidos y que además estaba trancada y rodeada de paredes manchadas con restos de materia fecal. También mostró que la única ventilación que tenían los detenidos era el aire que ingresaba por el ventiluz del techo y que no había luz en los calabozos.
“Todos los que estamos ahí estamos enfermos. Nos salen ronchas en la piel y no tenemos agua para bañarnos”, señaló Shijke. “Lo más grave es que nos verduguean porque nos quejamos o porque pedimos que nos atiendan los médicos por las enfermedades que nos pegamos”, agregó Juan Pera.
“Es indigno”, dijo el juez Dante Ibáñez. “Recuerdo que los fiscales (Adriana) Giannoni y (Diego) López Ávila presentaron un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia hace varios años para denunciar el problema. La Cámara me eligió para que hiciera un análisis del planteo realizado y comprobé cada una de sus palabras. Lamentablemente, tengo que decir que nada se hizo para cambiar esta espantosa situación”, señaló.
El planteo que fue presentado por los fiscales y que luego fue aceptado por el máximo tribunal de la provincia, había sido planteado a favor de los detenidos, los policías y de los vecinos de las dependencias.
Las partes no se habían recuperado de esa situación cuando los procesados dijeron que habían sido golpeados por el personal de la seccional 9ª cuando los trasladaron después de haber sido detenidos. Shijke, con autorización del magistrado, se levantó la ropa y mostró que en su espalda tenía varios hematomas. “Su señoría, le pido por favor que no nos mande vuelta ahí. Nos dijeron que nos volverían a golpear si es que contábamos algo. Si usted me manda ahí de vuelta, me voy a matar”, dijo a los gritos Juan Pera.
El juez Ibáñez lo tranquilizó asegurándole que no volvería a ese lugar. “Una cosa es que estas personas estén pagando por lo que hicieron, pero que los muelan a palos es otra”, señaló el magistrado.
En su resolución, Ibáñez les dictó la prisión preventiva a los tres evadidos por 20 días. Pero al mismo tiempo, le pidió al MPF que inicie una investigación ante los posibles delitos de apremios ilegales o tortura en contra de los tres recapturados y otra para confirmar o descartar que los policías hayan facilitado la fuga. Al mismo tiempo, ordenó que los reos sean revisados por el médico forense para determinar el origen de las lesiones que presentan y su estado de salud. También invitó al defensor oficial a sumarse al planteo. “Esto no se puede permitir más”, concluyó. El Ministerio de Seguridad ya había iniciado las actuaciones administrativas correspondientes.