Esta semana se planteó que los lazos familiares y la desigualdad ante la ley reflotan la idea de la existencia de una “casta política” que a fuerza de los privilegios obtenidos incumple las normas -caso Alberto Fernández y su pareja, Fabiola Yáñez- y que priorizan el acceso de amigos a los cargos públicos teniendo en cuenta el parentesco. Ese combo alimenta -puntualizaba la producción periodística- la percepción de una élite aislada del resto de la población que usufructúa las ventajas de su situación particular en la sociedad. Si bien es necesaria una clase política profesionalizada, idónea para atender la cosa pública y para administrar eficientemente el Estado, con el pasar del tiempo se han escrito normas que han ido fortaleciendo la presencia de dirigentes que sacan provecho del Estado. Un sector que tiene ventajas sobre el resto de los ciudadanos a la hora, por ejemplo, de acceder a puestos públicos de extracción política o bien para incorporarse con más facilidades a las estructuras jerárquicas del Estado. Una de esas leyes es la de cupo femenino, que si bien apuntó a incorporar más mujeres a la actividad política, no logró su cometido por lo menos desde la porcentualidad buscada. Porque, casualmente, siempre primó la relación de parentesco o la amistad a la hora de conformar las listas partidarias para competir en elecciones provinciales. Un dirigente riojano supo ironizar respecto de la mezquindad de la clase política que pensaba en sí misma y en no perder “privilegios”, y más que de cupo femenino hablaba de cupo familiar. También hay otra norma que favoreció esta noción de casta política y que profundizó el vínculo familiar en la ocupación de los cargos legislativos, principalmente, y ejecutivos en Tucumán: la implementación del sistema electoral de acople. Nos sólo afectó los niveles de representatividad, porque bajó el techo de votos para poder ser electo concejal o legislador, sino que las boletas terminaron conformándose con familiares, amigos y conocidos. Los que luego, ante la renuncia del primero que pasaba a ocupar otro lugar en el Gobierno, ascendían por razones de parentesco. El sistema electoral provincial ayuda colateralmente a fortalecer esa casta política, por lo que mejorar el esquema de acople puede atenuar la influencia de los lazos familiares en la integración de las estructuras del Estado. Es difícil que se pueda avanzar en esa línea, ya que el régimen tiene rango constitucional y, en principio, necesitaría de una Convención Constituyente para modificarlo o eliminarlo del texto de la Carta Magna. Sin embargo, para que empiece a desaparecer esta idea de que existe una clase política que goza de privilegios, el remedio debería provenir de la propia dirigencia. Tendrían que dar ejemplos de humildad y de solidaridad con gestos de desprendimiento, con muestras de que hay real vocación de servicio más que el interés por beneficiarse de la política y de la administración del Estado. En suma, que se piensa en el bienestar general, en el prójimo, en el desarrollo del conjunto social, y no en la satisfacción de intereses personales. Deberían adoptar decisiones sinceras que revelen que no desean usufructuar de los espacios de poder, por mínimos que sean. Habría que retocar, por ejemplo, alguna legislación, tal vez mejorar la del cupo femenino o cambiar aspectos del acople; porque en los hechos han afianzado la preeminencia de grupos familiares en el poder. Otra muestra son los apellidos que se repiten en los tres poderes del Estado.