Un Congreso tenso aguarda a los ganadores del proceso electoral en marcha. El reparto de los escaños en juego, 127 en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado, determinará la suerte de proyectos de ley hoy frenados de la máxima importancia institucional. La Cámara Baja es la colina hacia la que la política mira, donde el quórum se presenta como el trofeo por conquistar. Si el oficialismo le arrebatara a la oposición el número de diputados necesarios para sesionar -poder que ya administra en la Cámara Alta al controlar 41 de los 72 votos-, dispondrá de la posibilidad de aprobar las remodelaciones al sistema judicial que tantos choques generaron. Durante el primer bienio de la presidencia de Alberto Fernández, el órgano que preside Sergio Massa (Frente de Todos) sólo pudo tratar y votar las cuestiones que gozaban de cierto consenso entre los espacios representados en el recinto.
Pero la batalla parlamentaria latente no se agota en las reformas propuestas para la Justicia Federal, dirigidas en particular a los Tribunales de Comodoro Py, y para el Ministerio Público Fiscal de la Nación. También hay que ver qué sucederá con la creación de dos comisiones bicamerales controvertidas, la de Vicentin y la de la Hidrovía; la modificación al sistema sanitario con la revisión de las obras sociales; la ampliación de facultades y de márgenes de acción del Presidente en tiempos de crisis y de emergencia, y la declaración de internet como bien público. Hacia adelante se vislumbra, además, el retorno de los debates acerca de los planes sociales y de la imposición de impuestos a los grandes jugadores del sector privado. Además, el próximo Congreso podría discutir y votar un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
A los 10 temas en ciernes en el Poder Legislativo de la Nación podrían sumarse al menos otras dos discusiones muy postergadas que gozarían del visto bueno del Poder Ejecutivo, según promesas y opiniones recientes de Fernández: la despenalización del consumo de marihuana y la incorporación del juicio por jurados. Ambos asuntos están emparentados con la regulación del aborto, hasta aquí la que quizá sea la ley más emblemática del período signado por la pandemia que comandaron la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández; Massa y el Presidente.
1- Una reforma judicial estancada hace un año
El 31 de julio de 2020, Fernández envió al Congreso un proyecto para unificar los fueros Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico, por un lado, y los fueros Civil y Comercial Federal y Contencioso Administrativo Federal por otro. Además, anunció reformas para fortalecer la Justicia Federal del resto del país y la creación de un Consejo de expertos destinado a hacer recomendaciones para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos. El proyecto licuaba el poder de los 12 juzgados actuales de Comodoro Py, que hoy procesan las denuncias penales más sensibles para el Estado Nacional, al repartir su competencia en 46 unidades que iban a ser complementadas por cuatro cámaras federales de apelaciones y 17 tribunales orales federales. Fernández había indicado que, hasta que estas oficinas tuviesen titulares designados por concurso, la nueva estructura iba a funcionar con subrogantes. El Presidente había propuesto asimismo transferir la competencia respecto de los delitos ordinarios porteños a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y unificar los fueros federales civil y contencioso administrativo. La iniciativa incluía la incorporación de 94 juzgados federales nuevos en las provincias.
Con 40 votos a favor y 26 en contra, el Senado sancionó la reforma hace un año, aunque con cambios respecto de la idea original. En la negociación en la Cámara Alta se pasó de los 276 puestos nuevos previstos para las provincias a más de 900 y se dejó de lado la unificación de los fueros no penales a cambio de sumar un tribunal de resolución de conflictos de competencia, entre otros cambios. En la sesión, el oficialismo acusó a la oposición de promover y defender el “lawfare” mientras que la oposición denunció que el oficialismo pretendía controlar la Justicia y erosionar la independencia de la magistratura.
El proyecto con media sanción quedó estancado en Diputados por el rechazo que generó entre las minorías y pese a que el ministro Martín Soria ofreció modificar algunos aspectos para el trámite avance.
2- Un jefe de los fiscales de la mayoría circunstancial
La otra propuesta judicial congelada en Diputados postula una modificación sustancial del órgano encargado de representar los intereses del pueblo en la Justicia mediante la investigación e imputación de delitos, el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Aunque Fernández había solicitado el acuerdo de los dos tercios del Senado para que el juez federal de Comodoro Py, Daniel Rafecas, asuma la jefatura de los fiscales como procurador general de la Nación, los senadores oficialistas optaron por aprobar un proyecto de ley que alivia la cantidad de votos exigida para hacer tal nombramiento al adoptar la mayoría absoluta. Ello implicaría que bastaría con el bloque afín al Gobierno para cubrir la vacante vigente desde hace cinco años tras la salida de Alejandra Gils Carbó. Desde entonces, Eduardo Casal, funcionario atacado por un sector del oficialismo, actúa como procurador general interino.
El proyecto también reduce a mayoría absoluta la actual mayoría agravada de los dos tercios para impulsar el juicio político y suspender a las cabezas de los ministerios públicos (Fiscal y de la Defensa de la Nación) por el plazo de 180 días, y acota a un lustro (renovable por un período consecutivo igual) el plazo de duración de los mandatos de aquellas autoridades, que hoy tienen estabilidad garantizada hasta los 75 años de edad. Entre otros cambios, la propuesta oficialista incorpora la perspectiva de género; la ética judicial; el federalismo; nuevas procuradurías especializadas; la obligación de emitir un informe anual dirigido a la Comisión Bicameral; la prohibición de vínculos con el sistema de inteligencia y la autarquía financiera de los ministerios públicos.
3- La Comisión para el caso “Vicentin”
En junio de 2020, días después de que Fernández retirara la idea de expropiar la compañía cerealera santafesina Vicentin, el Senado decidió por mayoría simple la creación de una Comisión Bicameral para investigar las deudas que la empresa tomó con la banca pública durante el período del ex presidente Mauricio Macri. Fue una sesión controvertida: la oposición argumentó que el oficialismo había violado el Reglamento de la Cámara Alta al sostener que se necesitaban dos tercios de los votos para la aprobación del proyecto. El proyecto que pretende esclarecer una posible defraudación y la supuesta estafa comercial a acreedores de la firma -que está inmersa en un concurso preventivo y que había sido intervenida por el Gobierno- obtuvo 41 votos a favor y 29 en contra. Las fricciones determinaron, en los hechos, la parálisis de la iniciativa en Diputados, que no pudo completar el trámite de aprobación de la Comisión Bicameral.
4- El de la Hidrovía, otro comité parado
Tampoco prosperó hasta el momento la iniciativa del Senado para conformar la Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná, y el Sistema de Navegación Troncal. La Comisión debía estudiar, monitorear, auditar y controlar del proceso licitatorio dispuesto por la Casa Rosada con facultades para solicitar todo tipo de documentación e información; citar a funcionarios nacionales, provinciales, municipales y comunales a prestar informes, y a representantes de los organismos que manejan, controlan, ejecutan y desarrollan la licitación de la Hidrovía, etcétera. La ruta fluvial en cuestión une cuatro países a lo largo de más de 3.400 kilómetros y por ella salen al exterior más del 80% de la producción de granos: su mantenimiento cumple un papel clave para la economía. Pero, según un informe de Juntos por el Cambio, la Hidrovía es vehículo del crimen organizado y requiere un rediseño profundo de los controles con participación internacional. El sector kirchnerista del Frente de Todos propulsa la reestatización de la ruta a los fines de “soberanía nacional”. La red fluvial depende del Gobierno Nacional mientras que al dragado y balizamiento del río Paraná lo llevaba adelante la empresa Hidrovía SA, consorcio integrado por la belga Jan de Nul y la argentina Emepa, que tenía contrato hasta 2021. Hidrovía SA había logrado la extensión de la concesión en 2010 mediante el presunto pago de un soborno al entonces primer Gobierno de Fernández de Kirchner, según confesó un directivo “arrepentido” de Emepa, Gabriel Romero, en la causa de los cuadernos. Tras el vencimiento de la extensión del plazo, Fernández traspasó por 12 meses la administración de la ruta fluvial a la Administración General de Puertos. Se supone que en ese plazo debe haber una nueva licitación, pero la complejidad de las obras requeridas, y los intereses económicos y geopolíticos en juego, e incluso las visiones encontradas dentro del propio oficialismo anticipan que no será sencillo devolver el manejo de la Hidrovía al sector privado.
5- La pulseada con las obras sociales
La guerra de la llamada “reforma sanitaria” probablemente se desatará tras las elecciones de medio término. La presentación del proyecto de reforma de las obras sociales y de “integración del sistema público con el privado y el gremial” tiene a los sindicalistas, y a los dueños de las firmas de cobertura de salud en estado de alerta por lo que consideran un avance indebido sobre derechos constitucionales y aspectos esenciales del financiamiento del sistema. La vicepresidenta Fernández de Kirchner está al frente de esta propuesta enmarcada en la experiencia de la pandemia que aquella considera clave para equilibrar la prestación del servicio de salud y aumentar sus niveles de equidad. En junio, en un acto en La Plata, la jefa del Senado reiteró que había que repensar el esquema actual que presentaba muchos aspectos “forzados” e impuestos por la realidad. El planteo coincide con la movilización y el malestar de las prepagas por el rechazo de la Casa Rosada al aumento de las cuotas. Claudio Belocopitt, propietario de Swiss Medical y dirigente del sector, reclamó el cumplimiento de la ley vigente, y advirtió que la ecuación no cierra en el contexto inflacionario actual. Al igual que el proyecto de la Hidrovía, la idea de retocar la organización de la salud genera roces incluso en el interior de la coalición gobernante, en especial por la presión que los gremios aliados y los actores ligados a la provisión de medicamentos ejercen sobre el Poder Ejecutivo.
6- Más facultades para el Presidente tras un fallo adverso
La agenda del Congreso también contiene el proyecto de ley enviado por el Gobierno para incrementar las potestades presidenciales en el ámbito de una crisis o emergencia como la pandemia del coronavirus. Esta propuesta forma parte del núcleo duro de diferencias entre el oficialismo y la oposición: su formalización tuvo lugar luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación avalara un reclamo del intendente porteño Horacio Rodríguez Larreta (Pro) contra Fernández por haber decretado de manera unilateral restricciones en el sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Casa Rosada sostiene que no intenta burlar el pronunciamiento del máximo tribunal del país, sino dar previsibilidad a las medidas preventivas de cierre de actividades que supongan restringir derechos y libertades constitucionales. Al exponer en el Senado, la secretaria Vilma Ibarra negó que haya menoscabos a las competencias de gobernadores. “No hay restricción a medidas que ellos tomen”, explicó y enfatizó el estándar científico de las medidas extraordinarias decididas por la Nación. El proyecto denominado “semáforo epidemiológico” o “ley pandemia” recibió media sanción en el Senado en mayo con 38 votos positivos del Frente de Todos y el apoyo del senador rionegrino Alberto Weretilneck. Pero en Diputados volvió a enfrentar la barrera del quórum.
7- El Estado va por internet
Muy posiblemente el próximo Congreso se embarque en la discusión impulsada por el presidente Fernández para que internet sea un bien público. El senador oficialista Alfredo Luenzo, presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, anticipó recientemente que presentará un proyecto en línea con el decreto presidencial 690/21 que congeló la actualización de las tarifas, instrumento cuya aplicación fue paralizada cautelarmente por la Justicia. Esta iniciativa enfrenta al Gobierno con las compañías de telecomunicaciones. “Es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque digo que internet es un servicio público... ¡que se enojen! Porque vamos a hacer de internet un servicio público para que llegue a todos los argentinos y las argentinas y que no nos estafen ni nos roben con las tarifas”, dijo el Presidente este mes. Luenzo ratificó esa postura y expresó que en ciertas provincias argentinas como Formosa sólo el 30% de la población accedía a una conexión. La propuesta oficialista equipara internet y la telefonía móvil al agua, al gas y a la electricidad, y procura posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la Argentina a los servicios de información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad.
8- La inquietud por los planes sociales
Los diputados y senadores elegidos en este turno electoral quizá tengan la oportunidad de reflexionar sobre el objeto y la utilidad de los planes sociales que el país dispensa desde hace décadas, y que empezaron como una política transitoria, pero se volvió una prestación permanente. El aumento de las ayudas distribuidas con la intervención de organizaciones sociales ha llegado a convertirse en una de las amenazas más firmes para las cuentas públicas, pero no pudo evitar el incremento de la pobreza. Curiosamente, el debate es alentado en el seno del oficialismo, donde funcionarios representativos de las distintas vertientes del Frente de Todos manifestaron que los planes tienen que ser reestructurados para desembocar en una salida laboral, como el dirigente de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, y el ex ministro de Desarrollo Social de la Nación y precandidato a diputado, Daniel Arroyo. “El objetivo para este año es transformar los planes en trabajo”, dijo Arroyo y añadió que iba a ser uno de los temas en los que iba a concentrarse si llegaba a la Cámara Baja. A esta tendencia oficialista se subió Massa, quien proyecta otorgar beneficios fiscales a las empresas que tomen a quienes reciben subsidios.
9- Nuevos impuestos para financiar el déficit
La presión tributaria y la necesidad de financiar los gastos públicos será uno de los asuntos ineludibles para los diputados y senadores que asuman a finales de este año. La precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, anticipó el asunto durante la campaña al pronunciarse a favor de “modificar la matriz impositiva de la Argentina para aplicar una presión más fuerte sobre las grandes empresas, grandes fortunas y grandes patrimonios”, y ayudar a las PyMEs y a los sectores desprotegidos. La tesitura generó el rechazo de precandidatos opositores como Florencio Randazzo y Ricardo López Murphy, quienes consideraron que las cargas en cabeza del sector privado son insostenibles, y que la crisis que ya provocó la mortandad de numerosas firmas torna inviable cualquier aumento. “El que produce y da trabajo es un héroe, no un enemigo”, replicó Randazzo. “La Argentina tiene un régimen de impuestos exagerado que desanima la inversión. Hay una salida de empresas, pero el otro problema es que aproximadamente la mitad de la gente trabaja en la informalidad”, opinó López Murphy. Más allá de lo que ocurra con los grandes contribuyentes, está latente la puja por las retenciones al campo y la necesidad de revisar periódicamente los pisos del impuesto a las ganancias, que quedan desfasados ante la inflación. Menos probable luce que el Congreso salde la deuda pendiente desde 1996 y sancione una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
10- Control del hipotético acuerdo con el FMI
Aún no lo hay, pero si el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, y Fernández acordaran una forma de pago de la deuda con el principal acreedor del país, el Fondo Monetario Internacional (FMI), aquel pacto debería pasar por el filtro del Congreso. Este control adicional está previsto en la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública en vigor desde marzo, que pone límites a la emisión de obligaciones en moneda extranjera. La norma fija que todo programa de financiamiento u operación de crédito público con el FMI, así como sus ampliaciones, deben recibir la autorización expresa del Congreso, y prohíbe el empleo de esos fondos para gastos primarios corrientes. La intervención de los diputados y senadores en la negociación del Poder Ejecutivo es consecuencia de la denuncia penal que Fernández articuló contra Macri por el préstamo de U$S 55.000 millones concertado con el FMI tras las tormentas cambiarias de 2018. “(Macri y sus funcionarios) son autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia”, había dicho el Presidente.