En el Tribunal Oral Federal (TOF) se inicia hoy un juicio oral por trata de personas, con fines de explotación sexual. En el banquillo de los acusados se sienta Luis Roberto Gambandié, quien ha sido señalado como el propietario de un prostíbulo ubicado en la intersección de calles José Colombres y San Juan, en la capital.

Según el requerimiento a elevación a juicio, el acusado se dedicó, al menos desde marzo de 2012 hasta mayo de 2013, "a captar y acoger mujeres con la finalidad de explotarlas sexualmente". Para ello, se estableció una estructura en la propiedad.

En el pedido de la Fiscalía Federal se consignó el testimonio de una de las víctimas, que había hecho referencia a que el imputado habría desarrollado actividades ilícitas vinculadas a la explotación sexual desde 1996.

Con base en la investigación, se pudo identificar como víctimas de este proceso al menos cinco jóvenes. Dos de ellas prestaron declaración testimonial, y una de ellas permanece bajo medidas de protección, según se informó. Está previsto que las chicas declaren en la primera audiencia.

Vulnerabilidad

Durante la investigación, se reunieron pruebas que sustentaron la hipótesis principal. El imputado entablaba contacto con mujeres en situación de vulnerabilidad, sea económica, familiar o social. La mayoría de las víctimas estaba a cargo de hijos y de familiares, sin empleo o empleos precarios. De esa forma, las convencía para que se dedicaran a la prostitución.

El objetivo de esta maniobra era obtener ganancias, a partir del sometimiento de las víctimas al ejercicio de la prostitución. En este caso, dos personas tenían la función de controlar los ingresos, salidas y atención a los “clientes”, como se denominan a las personas que asisten a este tipo de sitio.

El sistema

Gambandé fue propietario del prostíbulo, indicó el requerimiento fiscal. Funcionaba todos los días, aunque con mayor intensidad los fines de semana por las noches. El “cliente abonaba la tarifa” a alguna de las encargadas o al mismo Gambandé. A partir de allí, un porcentaje correspondía a los explotadores y el resto, “a la mujer que prestó el servicio”. A la vez, a esta última le descontaban determinados gastos, como ropa, comida, limpieza, recepcionista, preservativos, avisos y otros conceptos.

En la instrucción constataron que algunas víctimas también residían en el prostíbulo.

“Mientras había un evidente crecimiento económico por parte del propietario, había un nulo avance económico por parte de las víctimas. Respecto de las fases del delito de trata de personas que fueron verificadas, surge evidente la captación mediante engaños y aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad que realizaba el acusado, quien una vez que convencía a las jóvenes de ingresar en el circuito prostibulario, les proveía un nombre de fantasía, ropa erótica para utilizar con los prostituyentes, y se les tomaban una serie de fotografías que eran utilizadas para publicitarlas por internet y en medios gráficos”, señaló el informe.

El Tribunal está integrado por Enrique Lilljedahl, juez de Cámara subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca; María Noel Costa, magistrada de Cámara subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba; y Abelardo Jorge Basbús, juez de Cámara subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero.

También intervienen representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), de la querellante Fundación “María de los Ángeles” y defensores particulares del imputado.