Luego de recuperar la libertad, el ex vicepresidente Amado Boudou intentará conseguir la nulidad de la condena a cinco años y diez meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, al ser encontrado culpable de intentar quedarse con el 75% de las acciones de la imprenta que fabrica papel moneda Ciccone.
Desde el diario Lanacion.com.ar citaron a Graciana Peñafort, abogada de Boudou, quien explicó que la prioridad es anular la condena pero sostuvo que no están detrás de la rehabilitación política. Sin embargo, el ex vicepresidente expresó además que le gustaría volver a ocupar un cargo público. “Nos queda por delante una pelea para anular la sentencia contra Boudou”, sostuvo la letrada.
Desde la defensa elaboran una estrategia. Por un lado, según el mismo medio porteño, buscarán trabajar sobre tres causas en trámite donde Boudou denunció que fue víctima de irregularidades que permitieron su condena.
La primera causa es a raíz de los pagos que recibió como imputado protegido Alejandro Vandenbroele. El empresario confesó en la causa que actuó como testaferro de Boudou y que en su nombre buscó controlar la imprenta.
Como imputado colaborador, fue ingresado a un plan oficial del Gobierno que prevé que se facilite su subsistencia. Vandenbroele presentó un proyecto para construir un hotel y pidió 1.500.000 pesos al Programa de Protección de Testigos, que depende del Ministerio de Justicia. Recibió parte de del dinero.
En el segundo expediente se investiga el funcionamiento de una “mesa judicial” en el gobierno de Mauricio Macri, con el presunto objetivo de influir en causas judiciales en marcha. Allí denunciaron que uno de los jueces que lo condenó, Pablo Bertuzzi, al mismo tiempo estaba en la mira del Gobierno para ser trasladado a la Cámara Federal.
El tercer caso en el que se presentó como querellante Boudou es el del espionaje ilegal. Allí se estableció que cuando fue excarcelado, entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, lo fotografiaron en San Martín junto al entonces concejal Hernán Letcher. El espionaje continuó luego en el penal de Ezeiza cuando la Cámara de Casación decidió que el exvicepresidente volviera a prisión. Ese caso está radicado ahora en Comodoro Py 2002, en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.
El objetivo es que algunas de estas investigaciones prosperen para invocarlas como causal de revisión de la sentencia de la causa Ciccone, impuesta en 2018 y que quedó firme tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia. La condena de Boudou, actualmente en libertad condicional, se agota el 1 de junio de 2024.