Un problema va ligado a otro. Por la crisis carcelaria son cada vez más comunes las fugas de presos y los motines en las comisarías. En lo que va del año, al menos 17 detenidos escaparon de seccionales. También son cada vez más frecuentes los casos de revueltas, en los que los efectivos de las dependencias deben pedir refuerzos para aguantar la sublevación de una población carcelaria que los supera ampliamente en número y que ya triplica la cantidad de personas que cada edificio puede alojar.

En nuestra provincia, las comisarías tienen capacidad para alojar a unos 400 presos. Pero tienen más de 1.000, es decir, más del doble de lo permitido. Además, muchos de los que están en sus calabozos ya fueron condenados, por lo que es ilegal su permanencia allí.

La última fuga se registró el 10 de julio en la seccional 5ª, de donde huyeron seis presos. Tres de los evadidos fueron recapturados en los últimos días. Por este caso, el legislador Raúl Albarracín, del Partido por la Justicia Social, le solicitó al ministro de Seguridad, Claudio Maley, que remitiera informes sobre la situación carcelaria y sobre los casos de fuga, que según sus averiguaciones ya podrían ser 20 en lo que va del año.

“Ya hasta las mismas comisarías dejaron de ser seguras. No puede ser que tengamos inseguridad hasta en los cuarteles”, señaló Albarracín, que aclaró que hasta hoy no obtuvo respuesta a su pedido. “El otro problema es que estamos ocupando al personal policial para una tarea que no le corresponde. Los presos deben estar en un penal y al cuidado del Servicio Penitenciario. La Policía y las comisarías cumplen otra función”, añadió.

El parlamentario del bloque alfarista remarcó que además pidió informes por el colapso carcelario, por la situación de adicciones entre los reclusos de Villa Urquiza, por las políticas de seguridad pública y de seguridad vial.

“Es evidente el colapso carcelario y la ineficiencia del gobierno para darle respuesta. Todas las promesas quedan en la nada, falta decisión política para hacer un nuevo penal. ¿Cuántas veces anunciaron que la Nación enviaba millones para un nuevo penal? ¿Cuántas veces la Legislatura instó a la Provincia?”, reflexionó.

“Promesas sin cumplir”

El líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, sostuvo que hace unos meses su partido presentó un pedido de informes (similar) al Ministerio de Seguridad sobre la situación carcelaria. También recordó que le pidieron el mismo informe al gobernador Juan Manzur, pero que nunca hubo respuestas. “¿Quiénes ordenan a qué dependencia irá cada preso y por qué? ¿Qué pasó con las promesas del nuevo penal de Benjamín Paz y de la unidad de detención en Banda del Río Salí? El primer anuncio ya lleva cinco años sin cumplirse y el segundo ya cumplió un año. Con el colapso no estamos cumpliendo con el mandato constitucional de reinsertar socialmente a los detenidos”, recordó el legislador sobre los planteos que había hecho entonces.

El parlamentario republicano subrayó que “no se puede estar albergando presos en las comisarías, menos aún tenerlas abarrotadas de personas en condiciones infrahumanas”.

“No hay voluntad política. El gobernador está totalmente desconectado de la realidad tucumana. Esta crisis atenta contra la seguridad ciudadana, no son solo los lugares de detención; tenemos las calles colapsadas de delincuentes”, consideró.

Por último, Bussi aseveró que la seguridad viene siendo tema eje a tratar en su bloque. “Es primordial resolver estas cuestiones, la seguridad es la base del Estado, es la razón misma por la que los hombres se organizaron y crearon algo que les permitiera establecer normas de convivencia”, recordó.

Inversiones insuficientes

En representación del oficialismo, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse explicó: “desde septiembre pasado, con la implementación del nuevo código procesal penal, fue aumentando el número de detenidos y de condenados. Con lo cual los lugares de alojamiento para procesados y, eventualmente, también condenados, se fueron saturando”.

En ese sentido, el legislador indicó: “venimos haciendo inversión en estructura penitenciaria pero es insuficiente. Estamos a punto de licitar una alcaldía en Las Talitas con capacidad para albergar a entre 400 y 500 personas, también invertimos en ampliar la capacidad de las comisarías, sabiendo de que no son el lugar adecuado para alojar detenidos, pero es la manera en la que podemos resolver a corto plazo esta problemática”,

“Lamentablemente todas las inversiones previstas en infraestructura penitenciaria se vieron postergadas por la pandemia, donde el dilema era comprar respiradores o ampliar espacios para los detenidos. Y la realidad es que optamos afrontar con todo lo que teníamos la demanda de Salud de nuestra provincia”, justificó.

Proyectos

Anuncian la construcción de tres alcaldías

“Estamos avanzando en la construcción de tres alcaldías. La que se terminará más rápido es la de Delfín Gallo, porque sólo se tendrán que hacer unas modificaciones mínimas”, indicó el subsecretario de Seguridad, José Ardiles. “Utilizaremos la sede de una escuela y tendrá capacidad para albergar a unas 300 personas. Al mismo tiempo avanzaremos con la construcción de otro espacio en Río Seco, que sólo recibirá los detenidos de Monteros y de Concepción”, añadió. Ardiles anunció que la obra más destacada se realizará en Las Talitas. “Esa será la alcaldía más importante porque tendrá capacidad para unas 500 o más personas, pero la que se tardará más en construir. Entre las tres, pensamos que tendrán capacidad para 1.000 reos”, concluyó.