Además de las cuestiones partidarias y electorales, Osvaldo Jaldo tiene otro foco de conflicto en la Legislatura.

El bloque Lealtad Peronista envió una nueva carta documento dirigida al vicegobernador para intimarlo a que le restablezca los contratos de unos 1.100 empleados cesanteados como consecuencia de la escisión que hubo en la bancada Justicialista de Todos. “En caso de negativa o silencio, nos veremos obligados a iniciar las acciones civiles y penales que nos corresponden para hacer valer nuestros derechos”, concluyó la misiva firmada por  Sergio Mansilla.

En el documento se plantea que los 15 parlamentarios afines a Casa de Gobierno se encuentran imposibilitados de realizar sus tareas legislativas por la falta de personal técnico administrativo. “Presidente, su principal función es administrar un cuerpo parlamentario, algo que le fue encomendado por la ciudadanía. No olvide que son recursos públicos y no corresponde utilizarlos disponiendo premios y castigos de acuerdo a cuán funcional a sus opiniones o intereses políticos sean sus miembros”, dijeron.

En ese sentido, remarcaron que en el artículo 59 de la Constitución se faculta al vicegobernador a administrar el cuerpo de manera exclusiva “teniendo que ‘…proveer a las necesidades funcionales del poder y sectores que integran el cuerpo’, algo que desde hace meses viene incumpliendo de manera temeraria”.

En la carta documento se intimó a Jaldo a cesar su actitud “injustificada y caprichosa”. “De lo contrario, nos veremos obligados a utilizar los remedios legales y constitucionales a nuestro alcance para defender nuestra labor parlamentaria. Su conducta incurre en un delito tipificado por nuestro código penal y nos encontramos facultados para realizar la denuncia penal correspondiente”, plasmaron.

En la Cámara, en tanto, fuentes vinculadas a la Presidencia afirmaron que no habían sido notificados sobre dicha carta documento. A su vez, afirmaron que el personal cesanteado habría sido contenido dentro del Ejecutivo.

Las claves del caso

1- A raíz de la factura del 8 de marzo en el bloque oficialista, se dieron de baja más de 1.100 contratos de legisladores de Lealtad Peronista. La cifra fue admitida por Jaldo y por la bancada.

2- El manzurismo reclama que no cuenta ni con el personal básico para trabajar. Dicen también que en los telegramas se señaló que se trataba de una reestructuración, no de un recorte.

3- En el jaldismo desestimaron que ese conflicto se solucione hasta tanto haya gestos recíprocos de parte del Ejecutivo. Lo que ocurra en el cierre de listas puede llegara incidir.