Después de declarar la quiebra del Correo Argentino, y pese a las amenazas de la oposición, la jueza Marta Cirulli rechazó la semana pasada un intento de la empresa por frenar las investigaciones sobre maniobras de vaciamiento en favor de sus empresas controlantes y sobre el papel del Meinl Bank, un banco austríaco quebrado, acusado de lavado de dinero, que perdió la licencia para operar. Es una decisión relevante porque el resultado será clave para extender la quiebra a Socma, la firma insignia de la familia de Mauricio Macri, que podría ser responsabilizada para afrontar la deuda millonaria con los acreedores, entre ellos el Estado. El Correo, a través de sus directivos y apoderados, se opuso al avance de medidas de prueba sobre irregularidades que la fiscala ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, había denunciado desde 2017 en adelante. Las evidencias podrían llevar a demostrar lo que en derecho comercial se llama “abuso de control”: en este caso se trataría de la posible responsabilidad de Socm en distintos artilugios, en su papel de accionista y controlante del Correo, en beneficio propio o también de otras empresas o personas, muchas veces utilizando dinero o bienes que se podrían haber aplicado para el pago de las deudas. Entre las operaciones más groseras, en las que quiere avanzar la jueza Cirulli, son el vaciamiento del Correo con la compra a Socma de U$S 2 millones en acciones de una empresa automotriz en pleno concurso de acreedores; la aparición del Meinl Bank como acreedor más importante entre los privados, y una gran cantidad de operaciones con estudios de abogados amigos y consultoras, entre ellos los de los propios administradores del Correo.