El brutal crimen de la niña Rocío Rojas generó reacciones en el ámbito del Poder Legislativo.
El legislador radical José Ricardo Ascárate, que preside la comisión de Familia, Niñez y Adolescencia, confirmó hoy la presentación de pedidos de informes ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) para indagar "acerca de las actuaciones realizadas por las Fiscalías" con anterioridad al femicidio de la pequeña, de sólo cuatro años.
"Lo que vivió Rocío es otra muestra del fracaso y desatención institucional", alertó un legislador"El crimen de Rocío no es un hecho aislado, la falla es sistemática y la responsabilidad es del Estado. Esto ya ocurrió con Érica hace un año. La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social) es responsable por la demora en el trámite, a tal punto que Rocío termina en manos de las personas que la terminan matando", expresó el aliado a Juntos por el Cambio al comunicar la medida adoptada desde la Legislatura.
Según la investigación judicial, Rocío fue asesinada el 1 de julio. Sus restos habrían sido calcinados y esparcidos en distintos lugares cercanos al asentamiento La Chabela, de Lules. Según vecinos, la niña sufría maltrato por parte de la familia que la había acogido. Por el hecho fueron detenidos su madrina, Amalia Graneros, su pareja Hernán Caro y su yerno Mauro Véliz. En la Fiscalía a cargo de Ignacio López Bustos sospechan que estas tres personas podrían haber matado y desmembrado a la pequeña para que no quedaran pruebas de los castigos físicos y los posibles abusos que habría sufrido.
Ascárate hizo énfasis en que el Estado no garantizó la seguridad de la víctima.
"Este tipo de hechos nunca se terminan de aclarar porque no sólo no se cumplen con los protocolos interinstitucionales, sino que además los tiempos de ejecución de estos protocolos no son los que necesita una menor que está en riesgo de vida frente a sus familiares", argumentó el radical.
El radical indicó que "la direcciones del Estado tienen que dejar de trabajar de esta manera".
"Este tipo de descontrol no puede existir, sobre todo cuando el Estado tiene el tutelaje del menor en riesgo. Es evidente que la metodología que hoy tenemos no funciona. No se puede perder tiempo", alertó.
Y consideró cuáles deberían ser los pasos a seguir. "En el momento que se detecta el riesgo de violencia, el menor tiene que ser excluido y enviado a un instituto, y después discutir cuál es el vínculo familiar que queremos restablecer. Porque si no terminamos metiendo al menor en el circulo de violencia del cual queríamos proteger", afirmó el dirigente de Juntos por el Cambio.