Los problemas económicos se tomarán una pausa, porque el Gobierno intentará que su resolución se postergue hasta después de las elecciones parlamentarias del 14 de noviembre. No habrá ajustes en este período, pero sí presiones cambiarias por efecto de la necesidad de cobertura de los agentes económicos a una situación de incertidumbre, cada vez mayor, por efecto de la inflación y de la caída del nivel de confianza de la Argentina en el contexto económico global.
Los desafíos se agudizan en el segundo semestre por tres factores fundamentales, señala Invecq Consultores:
• La liquidación de la cosecha gruesa ya ocurrió, y no le deja demasiado margen para que el Banco Central siga recomponiendo sus niveles de reservas internacionales. Durante el primer semestre, la liquidación de divisas del sector agroexportador totalizó los U$S 16.627 millones, casi U$S 5.000 millones por encima del promedio del primer semestre durante los últimos 10 años, de acuerdo con los datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara). Los altos precios de los commodities agrícolas contribuyó para que ese fenómeno sea posible, mientras que el Central logró acumular reservas por U$ 3.000 millones en la primera mitad del año.
• Las presiones fiscales se incrementan (sobre todo si la inflación desciende y no cumple su función de licuar). Además, en todos los niveles de Gobierno hay demasiada propensión al gasto políticos en tiempos en que, además de elegir parlamentarios, se aprovecha para testear el humor de la sociedad en cada una de las administraciones.
• La presión de la dolarización aumenta, como todos los años electorales, pese al cepo que existe para atesorar dólares.
“El equilibrio es fino, el resultado hasta el momento es positivo pero el porvenir es desafiante. Que la economía prime por sobre las decisiones políticas sería el escenario más deseado, aunque quizás el menos probable”, advierte la consultora dirigida por el economista Esteban Domecq.
¿Y el dólar?
La Argentina se caracterizó históricamente por una gran volatilidad del tipo de cambio. Esta dinámica tan inestable como inusual a lo largo del mundo es de vital importancia, ya que bruscas devaluaciones vinieron siempre seguidas de aceleraciones de la inflación, que erosionan el poder adquisitivo del salario y el nivel de actividad, indica un reporte de Ecolatina. Por el contrario, los procesos de apreciación cambiaria mejoran la actividad en el corto plazo, pero complican la competitividad del sector productivo, en tanto suelen ser difíciles de sostener más allá de algún tiempo. En la actualidad, el dólar oficial parece tan calmo como controlado, señala la consultora. En 2020, esta variable subió en línea con la inflación (38% y 36%, respectivamente), preservando gran parte de la competitividad ganada en 2018 y 2019. Sin embargo, esta dinámica se interrumpió en marzo pasado.
Con el afán de utilizar un ancla cambiaria para reducir la inflación, la autoridad monetaria redujo sensiblemente la tasa de depreciación del peso: entre marzo y mediados de junio, el dólar avanzó poco más de 6%, mientras que la inflación acumularía 16% en el período. En este marco, reaparecieron algunos fantasmas de apreciación cambiaria, advierte Ecolatina.
Sin embargo -acota-, al analizar la competitividad real del tipo de cambio en perspectiva histórica, vemos que se encuentra en línea con el promedio de los últimos 25 años. “Esto implica que es un 50% más caro que en el cierre de la convertibilidad, 30% mayor a los meses que precedieron al salto de 2018 y 20% más competitivo que en la media 2012-2015”, compara. No obstante, también está casi 30% por debajo de la media del período 2002-2007 y de la de la segunda mitad de 2018 y 2019.
“Considerando la volatilidad de esta variable y su tendencia a correrse fuertemente entre extremos, mantener un tipo de cambio estable en un valor cercano al promedio -evitando en simultáneo un salario en dólares deprimido y una pérdida de competitividad de nuestros productos- podría ser una alternativa deseable”, puntualiza. Sin embargo, algunos motivos podrían llevar a pensar que una comparación histórica no alcanza para afirmar que el tipo de cambio seguirá estable en el mediano plazo.
El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, vaticinó que “va a acelerarse el ritmo de mini devaluaciones diarias” después de las elecciones de noviembre.
La inflación
El virtual congelamiento de tarifas de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una política fiscal y monetaria más contenida en el primer semestre y el ancla cambiaria a pleno (dólar oficial subiendo al 1,2% mensual) lograron un primer resultado: luego del 4,8% de marzo, el Índice de Precios al Consumidor relevado por el Indec a nivel nacional anotó 4,1% en abril y 3,3% en mayo, pero todavía acumula un 48,7% en los últimos 12 meses, plantea el economista de la Fundación Mediterránea, Jorge Vasconcelos.
Según Ecolatina, la inflación rondará el 47% en este año electoral. Teniendo en cuenta que la inflación acumularía una suba en torno al 25% en el primer semestre, la suba de precios debería promediar alrededor de 2,7% entre julio y diciembre para alcanzar esa proyección, algo que podría lograrse utilizando el tipo de cambio y las tarifas como ancla, a costa de postergar ajustes para el año entrante”, sostiene la consultora. Por este motivo, es difícil que también en 2022 la inflación esté por debajo del 40%.
Acuerdos necesarios
La Argentina necesita imperiosamente recrear su capacidad de pago de deudas para sentarse a negociar, definitivamente, con el Fondo. Según Redrado, las negociaciones van a estar vinculadas con el futuro del tipo de cambio. “En diciembre va a haber un vencimiento importante de 1.800 millones de dólares. Eso se va a pagar con los Derechos Especiales de Giro (DEG), que esperamos que lleguen”, recordó el economista.
Vasconcelos coincide con el ex titular del Central, al afirmar que el horizonte económico sigue muy acotado y los vencimientos con el FMI para 2022, junto con el reciente compromiso con el Club de París, han activado una cuenta regresiva de 270 días, hasta fines de marzo. “Mientras tanto, los precios relativos se seguirán distorsionando (por el ancla de tarifas y dólar oficial) y no hay demasiadas garantías de lo que ocurra con el gasto público y el déficit”, advierte. Sin olvidar que el rojo cuasifiscal por los intereses de las Leliq ya adquirió “vida propia”, apuntando este año a 3% del PBI y que la fórmula de ajuste de las jubilaciones, después de la “pausa” de 2021, llevará esas partidas a erogaciones por encima del 10% del PBI posiblemente hacia 2023.
“Cerrar un acuerdo con el FMI obligará a corregir parte de la distorsión de precios relativos y a encontrar una fórmula para achicar la brecha cambiaria, junto con soluciones permanentes para el tema subsidios, el déficit cuasifiscal y la cuestión previsional”,, puntualiza Vasconcelos. En 2014 se intentó una corrección parcial, con devaluación y ajuste de tarifas, pero ese año el PBI cayó 2,5%. Por ende, cualquier escenario, con o sin las muletas del FMI, afectará las expectativas y el 2022 se anticipará al calendario. La salida o entrada de capitales, clave para el precio del dólar, estará pendiente de esos acontecimientos, finaliza.
Sondeo
La economía, la principal preocupación
Un 43% de los encuestados por el Centro de Opinión Pública (Copub) de la Universidad de Belgrano afirma que la economía es su principal preocupación en la actualidad, mientras que el 37% revela que es la salud, alternativa asociada con la Covid-19. En el mismo sentido, el 61% de los participantes del sondeo admite que su situación económica es peor o mucho peor en comparación con el comienzo de la pandemia. En tanto, el 33% indica que es la misma que en marzo del año pasado. Y apenas el 5% considera que atraviesa una situación económica mejor o mucho mejor que la de hace 15 meses.
Para más datos, el 58% es pesimista sobre la evolución económica de nuestro país, en tanto que sólo el 31% revela ser algo o bastante optimista. “Hay una marcada preocupación por las cuestiones económicas, seguida después por los temas de salud que involucran de manera directa o indirecta a la pandemia, la vacunación y el temor a los contagios. Por lo tanto, este orden de prioridades podría definir los resultados de las próximas elecciones legislativas”, explica Orlando D’Adamo, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano.