La renuncia definitiva del juez penal Juan Francisco Pisa, quien busca acogerse a una jubilación del 82% móvil en medio de cuestionamientos por sus actuaciones en el caso “Tacacho”, arde hace una semana en Casa de Gobierno. Como una brasa al rojo vivo, nadie parece dispuesto a tomarla. Tampoco el gobernador Juan Manzur, quien el 24 de febrero ya le aceptó la renuncia condicionada (Decreto 369/14), evitó un posible proceso de destitución y pagó un alto costo político. Pero el trámite previsional está inconcluso, los plazos legales se vencieron, y el magistrado continúa en el cargo.

El mandatario dejó entrever ayer que no está dispuesto a emitir un nuevo instrumento para autorizar la dimisión lisa y llana. “Ya fue aceptada la renuncia del juez Pisa en su momento. No se puede estar aceptando permanentemente renuncias. Yo estoy cumpliendo con lo que marca la normativa, con la ley”, expresó en rueda de prensa ante una consulta de LG PLAY.

De un modo similar se expresó el diputado Carlos Cisneros (PJ), quien criticó a quienes “especulan políticamente con el dolor ajeno”.

Fuentes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) consultadas por LA GACETA indicaron que al vencerse los 60 días hábiles y al no haberse materializado el condicionamiento al que estaba subordinada la renuncia aceptada en febrero, carece de validez legal. Dijeron que lo mismo sucede con el decreto emitido en aquel momento. Por ello, y por una resolución de Anses de 2021, es que Pisa presentó el viernes 11 su renuncia definitiva, a partir del 1 de julio. Pero para que se concrete necesita de un nuevo instrumento del Ejecutivo. Con la omisión, la Legislatura podrá avanzar con el trámite en su contra. La lectura política del escenario es que la brasa volvería a arder en el palacio espejado de Muñecas 951.

En paralelo y sin sacar los ojos de lo que ocurre en el Poder Ejecutivo (PE), la comisión de Juicio Político notificó ayer formalmente a Pisa de que se corrió traslado a un nuevo pedido de destitución en su contra. El magistrado tiene ahora 15 días hábiles para contestar la acusación, según precisa el Artículo 26 de la Ley 8.734. Una vez respondida, el comité legislativo tendrá 20 días hábiles para resolver si formula o no la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento. Pero todo el proceso de destitución puede caer si el mandatario emite un nuevo decreto, algo que no parece dispuesto a realizar nuevamente.

La familia de Paola Tacacho y legisladores de la oposición critican las nuevas dilaciones y solicitan que se reanuden las actuaciones que Juicio Político dio por “clausuradas” el 24 de febrero, a pesar de que el Artículo 30 precisa que corresponde suspender el proceso por 60 días si la renuncia presentada por el magistrado es condicionada. Es decir que lo dieron por jubilado, pero continúa en funciones.

¿Y mientras tanto? “La pelota está en manos de Pisa”, analizaron las fuentes de la Anses. Es que al verse encerrado entre la omisión que deslizó Manzur y un posible Jury, el juez podría recurrir a la Justicia y presentar una acción de amparo para que se clausure el proceso y así acceder a la jubilación del 82% móvil (ronda los $450.000). Hay jurisprudencia en ese sentido (causa “Piedrabuena”). De todos modos, el Poder Judicial podría eventualmente cambiar de criterio.

Todo el proceso es seguido con especial atención por la Casa Rosada, que ya solicitó al Ministerio Fiscal que investigue las responsabilidades de los funcionarios que manejaron las 13 causas de Paola.