La Legislatura sancionó un proyecto de ley que suspende hasta fin de año los procedimientos de desalojo y los incrementos en los contratos de alquiler para vivienda y para uso comercial.
La medida tuvo origen en la crisis económica desatada por las medidas de restricción adoptadas por la pandemia de coronavirus.
El legislador jaldista, Raúl Ferrazzano, aseveró que la iniciativa surgió como fruto de los aportes efectuados por comerciantes y empresarios de Tucumán ante la Legislatura.
"Nos planteaban la imposibilidad de pagar los alquileres. Y nos transmitieron números que dan escalofríos en medio de esta emergencia sanitaria, económica y social, y que reclama de nosotros políticas activas e inteligentes”, indicó el titular de la comisión de Legislación General.
El dirigente jaldista remarcó que el 80% de los inquilinos "está con problemas de mora en el pago del alquiler".
"Más de 15.000 inquilinos, sean residenciales o comerciantes, tienen un atraso de tres meses o más en el pago del canon mensual", detalló Ferrazzano. Y remarcó que "cerca del 35% de los locales comerciales de Tucumán están cerrados”.
“Es una actividad que ha sufrido con las medidas de aislamiento que viene tomando el Gobierno nacional una merma en su flujo de dinero, que ha afectado a miles de tucumanos y tucumanas”, detalló.
En ese sentido, enumeró el alcance de la medida:
- se difiere de manera temporal, hasta el 31 de diciembre de este año, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles, así como también los lanzamientos ya ordenados que no se hubieran cumplido hasta la entrada en vigencia de la presenta norma;
- se difiere hasta el 31 de diciembre de 2021 los plazos de vigencia de los contratos de alquiler de inmuebles que estén por vencerse o vencidos;
- además, se difiere hasta fin de año los incrementos pactados contractualmente o legales de los valores locativos en casos de inmuebles destinados a: vivienda única rural; habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal; inmuebles destinados a actividades culturales, comunitarias, asociaciones civiles, asociaciones de la economía social; fundaciones con normal funcionamiento; inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiar, además de inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de monotributo destinado a la prestación d servicios, comercios e industrias; inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión; inmuebles alquilados por micro, pequeña y medianas empresas; inmuebles destinados a discotecas, salones de fiestas, locales gastronómicos y gimnasios.
"Durante la vigencia de esta medida, se deberá abonar el precio de la locación vigente al momento de la promulgación de esta ley”, aclaró Ferrazzano.
Además, remarcó que el espíritu de la normativa tiene por fin "proteger el interés público". Detalló también que la medida está en línea con la jurisprudencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. “Estamos amigando la política con la sociedad”, añadió el legislador jaldista.
La bussista Nadima Pecci, vicepresidenta del bloque de Fuerza Republicana, advirtió que su espacio acompañaría en general la iniciativa. Sin embargo, se rechazaron determinados puntos en el tratamiento en particular. "Ni aún el Congreso de la Nación puede regular sobre los contratos particulares”, advirtió la opositora.