María Elba Rocha, madre de Alejandra Benítez permaneció en silencio durante la primera audiencia del juicio. Por segunda vez en 25 años, la mujer comenzaba a escuchar el debate del crimen de un hijo. Antes había sido el de Jorge Marcelo (13 años) que había sido despiadadamente asesinado el 21 de mayo de 1991, en la casa de la artista y docente Lucrecia Rosemberg de Moeremans, en un caso que conmovió a los tucumanos. El menor había sido recibido al menos 12 puñaladas y los autores lo habrían ahorcado con el cable de un electrodoméstico.

Una víctima despegó al acusado de un transfemicidio

El misterio duró casi un año. La Policía logró detener a  Darío Orsi los primeros días de mayo de 1992. Según los pesquisas que lo atraparon, se fugó primero a Buenos Aires y después a Córdoba, donde finalmente fue atrapado. Su cómplice, Walter “Mocho” Miranda, fue capturado un mes después en Catamarca, lugar que había elegido como refugio después de haber estado oculto en estas tierras.

Los detenidos, llamativamente, se hicieron cargo del crimen. Confesaron que el empresario de la construcción Antonio Alfredo Bincinguerra les había pagado una importante suma de dinero para que robaran piezas de arte de la casa de Rosemberg y que habían decidido matar a “Jorgito” porque estaba dentro de la vivienda. La confesión, que fue tomada como cierta en un 100% por el ex fiscal Abraham Musi, se cerró con una nueva declaración de la artista. Ratificó sus dichos al señalar que después de haber hecho un inventario descubrió que sí le habían sustraído al menos cuatro cuadros de su colección que nunca aparecieron.

Pese a todas las dudas, el juicio comenzó en marzo de 1996. En el banquillo se sentaron Orsi y Miranda que debían responder por el delito de homicidio en ocasión de robo y Bincinguerra, por instigación al robo. Las audiencias fueron polémicas desde el principio a fin. Y tuvo un acontecimiento poco común. El fiscal de cámara Juan Santos Suárez pidió ser reemplazado por haberse peleado con uno de los jueces que integraba el tribunal y fue reemplazado por su par Edmundo Botto. En tribunales siempre circuló una versión: el acusador decidió dar un paso al costado porque no había pruebas suficientes para condenar a los imputados.

A lo largo del juicio hubo un factor común: las denuncias de irregularidades en la investigación. Los imputados dijeron que los policías les arrancaron las confesiones a base de torturas. La testigo clave del caso, que vinculó a los acusados en la escena del crimen y el robo de cuadros indicó que fue presionada por los investigadores y por el fiscal Musi para que mantuviera esa declaración. “Es poco creíble que dos personas de muy bajo nivel cultural hayan tenido la capacidad intelectual para ingresar a una casa y quedarse con obras de un gran valor económico”, explicó Cergio Morfil, que defendió a Orsi. El profesional ofreció otro indicio de las irregularidades de la pesquisa: “la autopsia demostró que a la víctima la mataron de 12 puñaladas, pero la remera blanca que tenía puesta no tenía ninguna perforación y tampoco presentaba las manchas de sangre que debería haber tenido ante tan atroz ataque. Lo más probable es que modificaron la escena del hecho”.

El tribunal integrado por Emilio Gnessi Lippi, Silvia Castellote de Carbonell y Emilio Páez de la Torre terminaron condenando a prisión perpetua a Orsi y a Miranda. Bincinguerra recibió una pena muy leve: a tres años condicional por haber instigado a cometer el robo que derivó en el crimen del adolescente. Hoy habría recibido una sentencia mucho más dura, ya que el homicidio fue producto del ilícito por el que pagó para que cometieran. Los jóvenes pasaron más de 20 años en el penal de Villa Urquiza.