La decisión de la Unidad de Decisión Temprana (UFDT), encabezada por Marcelo Leguizamón, de citar a declarar, en sede judicial, para este lunes a los concejales de Banda del Río Salí ha causado la reacción del vicegobernador Osvaldo Jaldo, que consideró que el fiscal "incurrió en un gravísimo exceso de atribuciones". 

Leguizamón avanzó contra los ediles que  firmaron un decreto para flexibilizar actividades y permitir que comercios "no esenciales" puedan abrir sus puertas en esa jurisdicción.

La causa fue caratulada como "autores desconocidos sobre violación de medidas contra epidemias (artículo 205)". El viernes, el Ministerio Público Fiscal solicitó al intendente interino, Ramón Antonio Radin, que se informe sobre el decreto municipal 362/2021 del 26 de este mes. 

El oficio le dio un perentorio plazo de cuatro horas para que se cumpla esa disposición. Además citó para el lunes a los concejales Miguel Ángel Diosquez Dupuy, Julio Ernesto Rocha, Miryam Elizabeth Soraire, Mario Ángel Aguirre, Jorge Antonio Flores y al propio Radin para que el lunes se presenten en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Ministerio Público Fiscal. 

Las cédulas de citación fueron enviadas a la sede del Concejo Deliberante por efectivos de la Comisaría de Banda del Río Salí, Unidad Regional Este.

El presidente de la Legislatura recordó que la Constitución de la provincia consagra la autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional de los municipios.

"Las Municipalidades son un eslabón sustancial en la adopción y ejecución de medidas en cada una de las jurisdicciones para asegurar la eficacia de las medidas de prevención y difusión del contagio de la Covid-19. Pero sobre todo son las que conocen las necesidades de sus vecinos y deben compatibilizar la salud y la economía de sus jurisdicciones", indicó Jaldo a LAGACETA.COM. 

En ese aspecto, enfatizó que corresponde al Concejo Deliberante “reglamentar el funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales y adoptar las medidas que garanticen la salud de la población”, según lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades.

"Sus decisiones, de manera alguna, pueden ser objeto de intervención del fiscal, cuya función es la investigación de los delitos y la promoción de la acción penal pública contra los autores o partícipes. Como dice la Constitución Provincial (Artículo 138), el Intendente municipal, cuando sea sujeto de actuaciones en sede judicial, tendrá prerrogativas procesales equivalentes a la del titular del Poder Ejecutivo. Los concejales no podrán ser molestados por los dichos emitidos en el seno del recinto", recordó.

"El fiscal Marcelo Leguizamón ha incurrido en gravísimo exceso de atribuciones pretendiendo ejercer contralor sobre decisiones políticas tomadas por un Cuerpo Legislativo Municipal", insistió el titular del Poder Legislativo, que se solidarizó con Banda del Río Salí, "con el intendente Darío Monteros, los concejales que -atendiendo las necesidades de sus vecinos- fijaron una modalidad de trabajo que cuidando la salud preserve asimismo sus fuentes de trabajo. Y también con los vecinos de ese municipio".

Según Jaldo, "el fiscal actuó como en la época del proceso, de un gobierno de facto, atropellando a las instituciones de la democracia, y a quienes fueron elegidos por la voluntad popular y no fueron puestos a dedo ni sugeridos por padrino alguno". 

El propio intendente indicó ayer a nuestro diario que evalúa con constitucionalistas si cabe la posibilidad de que el fiscal actuante pueda ser sometido a un proceso de juicio político por sus actuaciones. 

"Que un fiscal intime a ediles por apoyar una resolución municipal sin haber firmado ningún instrumento legal, es un condicionamiento", escribió Monteros -que se encuentra de licencia por haber dado positivo para Covid-19- en su cuenta en Twitter. 

"Pareciera ser que para el Fiscal Marcelo Leguizamón, por instrucciones vaya saber de quien sea, solamente en Banda del Río Salí puso el ojo del control", acotó el jefe municipal. Monteros recordó que hay jurisdicciones que adoptaron el mismo criterio, pero que no fueron el blanco de las investigaciones, como el caso bandeño.