La novena causa penal promovida por la víctima Paola Tacacho fue la de existencia más efímera: empezó y terminó en cuatro días corridos (ver “Casos difundidos en esta serie de informes”). En ese plazo, el fiscal Ignacio López Bustos llegó a tomar dos medidas: por un lado, solicitó la tercera orden de alejamiento para el femicida Mauricio Parada Parejas -que el juez Facundo Maggio concedió de inmediato-, y, por el otro, ordenó al personal de la comisaría I° la realización de “recorridos preventivos” en la zona donde habitaba la víctima, con la especificación de establecer un contacto telefónico con aquella. Tras la notificación de la disposición de vigilar la residencia de Tacacho, los defensores de Parada Parejas, Juan Andrés Robles y Claudia Cecilia Robles, se presentaron de manera voluntaria en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género N°2 en pleno funcionamiento remoto del Ministerio Público Fiscal debido a la pandemia. “Espontáneamente hemos tomado conocimiento de que existe una persecución penal”, dijeron los abogados y se pusieron a disposición de la Justicia. Al día siguiente, y con el argumento de que no había pruebas para sospechar la comisión de delitos e indagar al denunciado, López Bustos cerró las actuaciones. Cinco meses más tarde, Parada Parejas asesinó a Tacacho y se quitó la vida.