A estas alturas ya no se sabe bien de qué depende la presencialidad o no de las clases. Cuando comenzó la pandemia, los funcionarios decían: “volveremos a las aulas cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan o cuando haya una vacuna”. Luego se dijo “no vamos a esperar una vacuna”, finalmente se decidió regresar “porque había luz amarilla, nivel bajo o medio de riesgo”. Hoy la luz es roja, las condiciones epidemiológicas son pésimas y las vacunas han llegado pero sólo al 30% de los docentes. Sin embargo, los expertos internacionales dicen que la escuela es el lugar de menos contagio, es el sitio más seguro, y que no hay por qué cerrar las escuelas.

¿Hasta qué punto, entonces, las decisiones están en manos de los epidemiólogos? ¿O es que son decisiones políticas? Quizás haya un poco de las dos cosas, por eso es tan difícil acertar en la decisión correcta. Al cierre de esta edición, la respuesta de la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, era que “las clases no se suspenden. Seguiremos igual mientras podamos ir dando respuesta desde el sistema sanitario”.

La incertidumbre se sembró desde la Nación. Indignado por la decisión del Presidente de suspender las clases presenciales por dos semanas en Ciudad de Buenos Aires, a partir del lunes, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia.

La decisión de Alberto Fernández lo había tomado de sorpresa como a todos en el país, sobre todo porque justamente ese día el Consejo Federal de Educación con el ministro de Educación Nicolás Trotta a la cabeza había declarado por la mañana que “las restricciones no debían comenzar por el cierre de las escuelas como primera medida”. Entonces ¿es el Presidente el primero en incumplirlas?

No habría que olvidar que el día anterior a la medida presidencial los gremios encabezados por Ctera venían reclamando que se cierren las escuelas por el aumento de los contagios.

En Tucumán, el Frente Gremial Docente (ATEP, APEM y AMET) pide que las clases sean solo virtuales. David Toledo, titular de la entidad de base de Ctera, llama al gobernador a “tomar una medida extraordinaria, preventiva, a fin de evitar que se vea amenazada la salud y la vida de las personas. Tucumán tiene una geografía muy chica, es una sola unidad, por lo tanto se deberían suspender las clases en toda la provincia, no como en Buenos Aires”, plantea. “Nosotros en Tucumán esperamos que el Gobernador adopte las medidas preventivas de suspender las clases desde el lunes hasta el 30”, añade.

No solo el Frente Gremial Docente sino todas las agrupaciones piden que se resguarde la salud de las familias y se cierren las escuelas. Sadop, el sindicato de los docentes privados, sostiene, a través de Bernardo Beltrán, que se debe suspender el dictado de clases presenciales hasta tanto se supere el pico de contagios y se garantice el control y cumplimiento del protocolo incluido el transporte público de pasajeros”.

El tema del transporte es algo que reclama ATEP puntualmente: “en la provincia hay muchos docentes taxi, que por su carga horaria recorren la geografía de la provincia para ir a distintas escuelas. No hay sector con más dinamismo que el de la educación, con miles de niños, jóvenes y docentes que se trasladan por el transporte público de pasajeros, donde también pueden contagiarse”, advierte Toledo.

Una de las agrupaciones que integra la Mesa Coordinadora Unidad Docente, la fuerza “Isauro Arancibia”, que preside Hugo Brito, acudió al nuevo Defensor del Pueblo, Eduardo Cobos, para pedir su intermediación para suspender las clases presenciales. El defensor lo convocó a una mesa de diálogo para el 20, a las 9, “a los fines de comenzar una ronda de conversaciones vinculadas a la problemática”.

Unidos por aulas abiertas

Una fuerte presión, pero contraria a la de los docentes, ejercen los padres. Grupos que defienden la presencialidad se movilizan a favor de escuelas abiertas. El lunes, a las 19, reclamarán frente al Gymnasium. A su vez ayer marcharon en plaza Urquiza Padres Organizados de la Red de Familias y Padres por la Educación. “Contra toda evidencia científica y estadísticas que dicen que las escuelas no son focos de contagio, y donde los protocolos fueron cumplidos a rajatabla no entendemos por qué se toman medidas como cerrar las escuelas”, afirma Carina Mondino.

Esta mamá no entiende cómo por la mañana el ministro de Educación de la Nación decía que las escuelas son lugares seguros y por la noche el Presidente decidía cerrarlas. Habrá que estar atentos porque en Tucumán los humores de la política también pueden cambiar.

La Corte, campo de batalla: Rodríguez Larreta recurre a la Justicia para evitar una decisión del Presidente

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que presentará un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para impedir la decisión de Alberto Fernández de suspender las clases presenciales por dos semanas en el AMBA ante la suba de casos de coronavirus. El intendente le pidió al Presidente reunirse para discutir el tema y evitar el cierre de las escuelas. El encuentro se acordó para hoy en la quinta de Olivos. En una conferencia de prensa, Larreta rechazó la decisión de Fernández de recurrir a las fuerzas federales para garantizar el cumplimiento de las nuevas restricciones y resaltó que la Ciudad defenderá su autonomía. “Rechazamos totalmente la participación del ejército y de las fuerzas federales en las calles de la Ciudad de Buenos Aires si esto no está coordinado como corresponde y ajustado a las leyes vigentes, como siempre hicimos”, dijo, según publica La Nación.

Iniciativa legislativa: proyecto de ley del bussismo para que se declare la educación como servicio esencial

El bussismo presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para declarar “una actividad y/o servicio esencial en todo el territorio provincial a la educación, en todos sus niveles, así como la salud pública, la seguridad pública y el transporte público de pasajeros”. La iniciativa define como  esencial “aquellas actividades cuya suspensión y/o interrupción total pondría en peligro la salud, la seguridad personal, la vida o el bienestar de parte o de toda la población, o esta se vería seriamente perjudicada, sin importar si el servicio es prestado por el estado o por particulares”. En función de ello los servicios mencionados no podrían ser suspendidos ni interrumpidos de manera absoluta, debiendo el estado provincial garantizar el acceso a los tales servicios. El proyecto fue presentado por la legisladora Nadima Pecci, de Fuerza Republicana.

Descuentos por paro: repudio de los docentes porque les debitaron días caídos del 1 y 2 por sumarse a la huelga

La indignación de los docentes recalentó ayer las redes sociales al enterarse del descuento de los días de huelga realizados el 1 y el 2 de marzo. En algunos casos la queja se concentró en débitos que consideran abusivos de hasta $ 3.800. Pero también causó una ingrata sorpresa el hecho de que el sistema técnico no les permitiera a los docentes bajar la boleta de sueldo con la opción en conformidad o disconformidad. El ítem simplemente señala “inasistencias”. Como respuesta, la agrupación docente Isauro Arancibia, con la firma de Hugo Brito, envió una crítica carta a la secretaria de Gestión Educativa, Isabel Amate Pérez, para pedirle que informe las causales que motivaron lo que considera un “descuento arbitrario de haberes al que fue sometida gran parte de la docencia tucumana”. También reclamaron que en muchos casos se hizo una mala liquidación.