Las innumerables reformas legislativas sobre el funcionamiento, estructura, sustentabilidad, movilidad de las prestaciones y requisitos para acceder a ellas que tuvo nuestro sistema previsional en los últimos 27 años dan cuenta de su inestabilidad.

Si bien es cierto como ciudadanos y trabajadores quisiéramos contar con un sistema que garantice a todos los adultos mayores un retiro digno, tanto a quienes no aportaron por falta de fuentes laborales (ya que de ningún modo se los puede someter al desamparo), como a aquellos que trabajaron y aportaron más de 30 años, la realidad es que tenemos que ser objetivos y ver la diferencia entre el sistema que queremos tener y el sistema que podemos tener en nuestro país.

Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es el universo que se debe sostener, entre jubilados con aportes y/o con moratoria previsional, pensiones no contributivas; asignación universal por hijo y prestación universal para el adulto mayor. Si tomamos como base que el 40% de la población de nuestro país percibe alguna prestación de las mencionadas, ya comenzamos a tener una cabal idea acerca del nivel de recaudación que se necesita para sostener todos los meses estos haberes, garantizándoles, además, una movilidad previsional.

En el 60% restante se encuentran los niños, los trabajadores informales y los trabajadores formales.

Siendo nuestro sistema público, solidario y de reparto (es decir administrado por el Estado nacional), y que el pago de los beneficios previsionales depende de los aportes de los trabajadores activos formales, entonces podemos ver claramente que el Poder Ejecutivo Nacional debe considerar otras fuentes de recursos económicos para hacer frente al pago de los haberes pasivos, dado que la recaudación de los aportes de trabajadores formales, y los aportes patronales, no resultan suficiente para satisfacer todas las demandas.

La sustentabilidad del sistema siempre estuvo en agenda de todos los gobiernos y es un tema que toca tanto a lo social como a lo político y lo económico de nuestro país. Si bien es cierto pretendemos que la jubilación sea la sustitución del salario que se percibía en actividad, la realidad indica que con lo que se recauda se hace imposible poder abonar en concepto de haber previsional una suma idéntica o que al menos se acerque a las remuneraciones en actividad y a esta conclusión es muy fácil llegar cuando comparamos el número de trabajadores activos aportantes y la cantidad de beneficiarios a quien abonar algún beneficio.

La tendencia actual y desde hace ya varios años, es que los trabajadores formales con capacidad de ahorro destinen parte de sus ingresos a un seguro de retiro o un seguro de vida con ahorro, que les permita acceder en la etapa jubilatoria a otro ingreso aparte de la jubilación y entre ambos sostener o superar el nivel de ingresos que tenían en su familia en la etapa laboral.

Los seguros son personales no son obligatorios, los contrata cada trabajador en función de su capacidad de pago y en relación a la remuneración que percibe o que pretende percibir una vez jubilado.

También podrían contratarlos las empresas para algunos de sus empleados como complemento del contrato laboral, con el fin de garantizarles a sus empleados un mejor retiro.

Esta solución es la más adecuada tanto para empleados en relación de dependencia como para trabajadores independientes, ya sean autónomos o monotributistas, respaldados en la ley nacional de seguros, bajo la supervisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación.