Los tiempos de tranqueras abiertas y de paz se terminaron hace rato en el campo tucumano. La violencia y la inseguridad que abruma a las principales ciudades se desborda hacia el interior. Si bien ninguna faceta delictiva es nueva, los robos, el vandalismo y otros crímenes se han profundizado en los últimos años en las zonas rurales de la provincia. Las noticias sobre distintos hechos han llenado varias páginas de nuestro diario con episodios que van desde asesinatos de productores rurales hasta robos “hormiga” de herramientas, plantines y alambrados.

El último capítulo de esta triste realidad tiene que ver con el robo organizado de productos como choclo, limón y frutilla. Las instituciones que agrupan a los productores tucumanos vienen expresando su preocupación por la crisis en materia de seguridad que atraviesan. En este caso, denuncian que hay organizaciones de magnitud que se dedican a saquear, con camiones y camionetas, los cultivos de diversas fincas para luego venderlos ilegalmente.

El sábado, en el acceso al Mercofrut, la Policía secuestró más de 500 kilos de limones que no cumplían con la documentación necesaria. En estos casos, la mercadería era trasladada en una camioneta y en un carro de tracción a sangre.

En un reciente sondeo de opiniones que hizo LA GACETA entre 30 productores que trabajan en la provincia, Santiago del Estero, Salta y Catamarca, 25 dijeron haber sufrido algún tipo de delito. La mayoría tiene que invertir en tecnología, como cámaras de seguridad y alarmas, o en personal de vigilancia.

El año pasado, después de los asesinatos de los productores José “Pepe” Porcel (en la Ramada de Abajo) y de Raúl Antonio Acosta (en Villa de Leales) hubo nutridas movilizaciones para pedir por más seguridad. En el primer caso se construyó un destacamento policial en la zona del hecho, pero no alcanza.

Los reclamos se multiplican y hay una serie de exigencias que sostiene el sector. Una de ellas es la creación de una oficina de Delitos Rurales en la Justicia. Además piden que haya más y mejores controles en las rutas y en el Mercofrut a los camiones que transportan frutas y vegetales; que se mejore el estado de los caminos y la conectividad; que se combata el mercado negro y que se enfurezcan las penas, entre otros puntos.

“No podemos recargar las tintas al área de Seguridad del Poder Ejecutivo. No hay quejas con el accionar de la Policía porque siempre hace lo que puede con lo poco que tiene. Aquí debe haber una política de Estado para proteger al sector productivo y a los otros también en la que intervengan los tres poderes”, subrayó el presidente de la Sociedad Rural local, Sebastián Murga.

En el ámbito nacional, hubo un avance ya que se anunció que este mes se tratará en la Cámara de Diputados el proyecto que prevé la creación de la figura penal de “vandalismo rural”. De acuerdo con la iniciativa, se estipula una pena de hasta cinco años de cárcel. La inquietud surgió tras los numerosos episodios de destrucción de silobolsas (se emplean para el acopio de granos), que se dieron sobre todo en el centro del país. Se estima que en 2020 se registraron en el país alrededor de 130 ataques de este tipo.

El tratamiento del proyecto abrirá el debate sobre las condiciones de seguridad en general que sufre el sector agroganadero, pilar fundamental de la economía. Los ruralistas locales están en alerta y esperan que el Estado los escuche.