- No se creó la comisión interpoderes que debería haber analizado cómo se aplicaría la norma.
- La provincia no cuenta con un laboratorio para realizar el análisis de la droga secuestrada. Se podría utilizar el de la Policía Federal, pero no indefinidamente.
- No se realizó ninguna reunión con las fuerzas federales para coordinar cómo se realizaría la lucha contra el narcomenudeo.
- No se crearon las cuatro fiscalías especializadas (dos en la capital y dos en Concepción). No se designaron seis jueces para la especialidad ni dos defensorías oficiales que deberían hacerse cargo de todas las causas de narcomenudeo.
- No se definió cuándo una causa será de la justicia ordinaria y cuándo de la Justicia Federal. Tampoco hubo intercambio de información entre ambos fueros.
- No se contempló que la persecución de este delito podría generar varias detenciones en medio de una crisis carcelaria sin precedentes en la provincia.
- No se decidió quién se haría cargo de una inversión de $98 millones (según las estimaciones realizadas a fines de 2019) para poner en marcha la norma.
- No se conoce en el país una provincia que haya registrado buenos resultados desfederalizando la lucha contra el narcomenudeo.