RM expuso en una audiencia virtual en los Tribunales de Monteros que Ernesto Gabriel Palavecino, el padre de sus dos hijos, la golpeaba y la denigraba, y que sometía a su familia a una situación de pobreza extrema hasta el punto de que pasaban hambre. La víctima, de 35 años, residente en Santa Lucía, acotó que se había sacrificado y sufrido para que el imputado, que se había presentado como un “chofer” no registrado, llegara a comprar tres colectivos. Y pidió al juez penal Mario Velázquez que resolviera su problema de subsistencia. 

“Por favor, haga a que él me pase dinero para alimentarnos”, suplicó RM. Luego de oír a las partes, Velázquez informó que, si bien era incompetente para decidir sobre la manutención y el régimen de comunicación de los hijos, la vulnerabilidad advertida resultaba tan sobrecogedora que se veía obligado a ordenar la entrega provisoria de $ 3.600 semanales a partir de ese mismo día (12 de marzo de 2021) para que la víctima pudiese adquirir comida y hasta tanto la Justicia de Familia interviniera en el conflicto.

“Es la primera vez que ordeno una medida de estas características. Soy un juez penal, pero, sobre todo, un magistrado que debe velar por el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva”, explicó Velázquez, quien, además, tuvo por formalizada la investigación penal preparatoria y formulados los cargos contra Palavecino; extendió la medida de restricción de acercamiento otorgada en favor de RM por otros seis meses y exhortó a la fiscala Eugenia Posse a poner el caso en conocimiento del Poder Ejecutivo para que ese órgano cumpliera su obligación de asistencia. 

“No podemos pasar por alto que las medidas de protección de persona deben ir acompañadas de otras acciones concretas. Debemos apartarnos de la lógica del trámite y acompañar a la víctima de violencia que acude a la Justicia agotada por los sufrimientos que debe soportar”, fundamentó el juez, y dispuso que la Fiscalía reciba el dinero equivalente al 10% de un salario mínimo y lo ponga a disposición de RM.

“Vivo sinceramente en la pobreza. Tengo una letrina. Mi casa se llueve. Las hormigas andan por entero. Él pone todo lo que compra a nombre de sus parientes. Yo ya he sufrido mucho, señor juez, le pido que vele por mis hijos. Basta de seguir sintiendo que le robo para mantener a nuestros chicos. Quiero, señor juez, que tome este asunto en sus manos y haga algo. Mi chico no tiene los anteojos que necesita. Mi bebé tiene estrabismo y debe ir al neurólogo. No quiero que esto quede impune: no tenemos un peso para comer. Y hemos peleado (con Palavecino) todo este tiempo por mis reclamos de justicia. Nuestro hijo de ocho años quiere ver a su padre preso”, manifestó la víctima antes de la resolución.

Palavecino, quien depositó los primeros $ 3.600 de inmediato, presenció el testimonio en silencio. Su defensora oficial, Raquel Ferreyra Asís, aceptó que aquel fuera acusado de haber cometido supuestas lesiones leves agravadas por el vínculo en el contexto de violencia de género.

La fiscala Posse relató los hechos que desencadenaron la imputación. Según expresó, el 22 de febrero, RM declaró que Palavecino le había arrojado un plato porque ella se había negado a servirlo: “luego le dio una trompada en la nuca. Le sujetó ambas manos por atrás y la estampó contra la pared. RM tomó el celular y un cuchillo para intentar defenderse, pero él volvió a atacarla, la golpeó en todo el cuerpo y se marchó”. Posse describió las numerosas heridas que presentaba la denunciante y afirmó que los informes técnicos revelaban “un nivel de riesgo muy alto”. 

Si bien dijo que sabía que no podía solicitar alimentos en ese ámbito del Poder Judicial, celebró la decisión de Velázquez. “Lo felicito por la medida preventiva que ha tomado a favor de la víctima”, exclamó la fiscala.