“Todos los profesionales de la salud merecen ser reconocidos. No puede ser que ya haya pasado un año de todo esto y no tengamos un incremento salarial. Vivimos la cuestión de las subas de combustibles, de los alquileres, del incremento en los equipos que utilizamos. Nos preocupa enormemente que ante las notas que hicimos y los pedidos de reuniones que solicitamos con el gobernador, no nos concedieran nada. Hay una falta de reconocimiento total al médico. La pandemia dejó más que claro que nuestro trabajo es insalubre; la prueba está en los casi 100 fallecidos que tuvimos a lo largo del año”. Con una mezcla de bronca y resignación, Héctor Sale, presidente del Colegio Médico de Tucumán, expuso la actualidad de sus colegas luego de un año de lucha contra el coronavirus y de las nulas respuestas que tienen para sus reclamos.
El profesional analizó que Tucumán sigue con una meseta alta en cuanto a los casos, por lo que se avizora la posibilidad de una segunda ola que puede poner en aprietos al sistema sanitario. “Todo esto nos indica que no se deben dejar de lado las medidas de prevención de bioseguridad para evitar caer en un aumento mayor de números de casos. El personal médico viene muy agotado; desde marzo del año pasado trabajando sin parar en los distintos sectores, público y privado. Por eso nos desilusiona que todo el esfuerzo sea reconocido. Nos llama la atención la poca repercusión de los pedidos que hacemos; agotamos los recursos y nunca tuvimos respuesta por lo que invertimos. Los sindicatos tienen una lucha continua para tener un sueldo digno; no tenemos reconocimiento de insalubridad y nuestro sueldo es uno de los más bajos”, aseguró el profesional.
Y continuó con el reclamo: “desde el año pasado no tuvimos descanso; hay gente que hizo coberturas en distintos sectores, que volvió a hacer guardias luego de años; nos dieron solo 10 días de vacaciones en la parte pública. Queremos que las autoridades tomen conciencia de lo que significa el ejercicio médico; no deberíamos estar en esta instancia trabajando tan intensamente. Muchos de nosotros nos enfermos, muchos murieron; tenemos el temor de llevar esto a nuestras casas. Es muy difícil”.
Derechos y obligaciones
Según Sale, ellos asumieron el rol de esenciales, pero no sólo para cumplir deberes. “Queremos ejercer nuestros derechos”, afirmó. “Tenemos asumido el compromiso, pero las autoridades deben valorar y reconocer el punto de vista moral de los trabajadores de la salud”, agregó.
“Hicimos un balance y vemos que nosotros pusimos todo nuestro conocimiento, esfuerzo para colaborar en esta pandemia y de repente vemos que tenemos que rogar para tener una reunión. Las autoridades que nos representan no nos reconocen, tenemos un trabajo de elevado riesgo, esto agota, hay enojo y enfado en la masa médica. Queremos que el gobernador se sensibilice de esta situación, tenemos familias. Queremos ser escuchados. Se debe reconocer al recurso humano, es prioritario”, alertó Sale.
Mirando al futuro, el profesional encendió la luz de alerta. “Hay una enorme preocupación de que tengamos que afrontar una nueva ola con un recurso humano cansado y no considerado ni reconocido. En la parte pública nunca fuimos recibidos, y en los privados, ante el Subsidio, nos dijeron que se excedía a su incumbencia. Venimos con valores muy desactualizados, viviendo esta crisis. Deberíamos estar juntos, con un trabajo de manera interinstitucional para ver cómo se va a encarar esta probable crisis sanitaria. Siempre estuvo dispuesto al diálogo. Si esto llegar a recrudecer no queremos un recurso humano desmotivado”, advirtió.
Polémica vacunación
Sale también habló sobre el sistema de vacunación y la polémica por los casos que son investigados en el sector privado, tras conocerse los casos de los hermanos Gandur que trabajan en el Estado pero accedieron a las dosis como personal de un laboratorio de análisis clínicos. “Nosotros desde hace más de un mes que hacemos una recolección de datos, de voluntarios, y se la estuvimos mandando en forma periódica al (secretario Ejecutivo del Siprosa, Luis) Medina Ruiz. Estuvimos manteniendo diálogo con el objeto de que los efectores médicos que están en contacto con pacientes sean vacunados. Muchos fueron vacunados, otros no. Es una cuestión de organización del Estado para que todos los médicos y efectores tengan asegurada su vacuna. En el Estado está la cuestión de ver las prioridades, pero hay que tener en cuenta que hay muchos médicos a los que les falta vacunarse, y por eso estamos insistiendo, sobre todo en la parte privada. En cuanto a los casos que usted menciona, entiendo que todo está en manos de la justicia para hacer las verificaciones correspondientes para ver si se comprueba si hay irregularidades. Nosotros más que nada queremos transparencia”, afirmó.
Finalmente, Sale llamó a la reflexión. “Quiero una concientización de lo que significa de todo el recurso humano. Perdimos muchos compañeros, otros quedaron con secuelas, y estamos muy angustiados por todo esto. Lo mínimo que pretendemos de las autoridades es que valoren nuestro trabajo. Pensar en afrontar una segunda ola en estas condiciones es muy complicado”, terminó.
PARITARIAS
COMENZARON LA NEGOCIACIONES
Las ministras de Salud, Rossana Chahla, y de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, y el de Economía, Eduardo Garvich, recibieron a los referentes de ATSA, SAME, Sitas y Sumar para dialogar acerca de los requerimientos económicos de cada gremio.El titular de ATSA, Reneé Ramírez, contó que plantearon la estabilidad laboral de los trabajadores reemplazante y con cobertura de cargo. “Hay muchos que exponen su vida y la salud de su familia. Hay un compromiso de los ministros”, detalló. Desde lo económico, Ramírez dijo que el Gobierno propone el blanqueo de las cifras en negro. “Planteamos la actualización de las libres disponibilidades que están atrasadas. El sistema de salud necesita un reconocimiento”, agregó. Noemí Díaz, de Sumar, dijo: “pretendemos que cada trabajador de la salud gane para lo que fue capacitado”, y la titular de Sitas, Adriana Bueno, afirmó que llevarán la propuesta a las bases para que sea analizada y determinar en asamblea qué medidas se toman.