El Gobierno nacional derogó el decreto del expresidente Mauricio Macri que impedía el ingreso y permanencia en la Argentina de extranjeros condenados, con antecedentes en el país, especialmente, por delitos de tráfico de armas, órganos y personas, lavado de dinero y por actos de terrorismo.

El decreto 138/2021, publicado este viernes en el Boletín Oficial, derogó el decreto 70 del 27 de enero de 2017, de la gestión macrista.

El artículo 29 del decreto 70 planteaba las causas que impedían la entrada y estadía de extranjeros en el país. Ahora, quedó sin efecto este viernes.

Ese artículo, publicado por Infoleg, decía que las “causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en territorio nacional” eran: la presentación de documentación falsa o adulterada, y haber sido condenado o tener antecedentes por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad, tales como tráfico de armas, trata de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas.

También preveía la extradición inmediata de personas que hubieran incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo, que constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional.

El Gobierno de Alberto Fernández consideró que el decreto Macri modificó “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.

Además sostuvo que la política migratoria del macrismo no evidenció “mejoras ponderables en otros aspectos”, desde la entrada en vigencia del Decreto 70 en 2017 “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.