El Poder Legislativo y el Ministerio de Seguridad del Poder Ejecutivo (PE) comenzaron hoy a trabajar en la redacción de un proyecto de ley que regule la colocación de sistemas informáticos de monitoreo en las rutas nacionales y provinciales para el control de velocidad y de las cargas de camiones y otros vehículos pesados.
El asunto fue tratado hoy en el despacho del presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, donde el monterizo recibió al ministro de Seguridad, Claudio Maley, y al secretario de Transporte, Benjamín Nieva.
A partir de ahora, comenzarán a trabajar en el asunto las comisiones internas con competencia en la temática de la inseguridad vial, como Seguridad y Justicia (a cargo de Gerónimo Vargas Aignasse) y Legislación General (Raúl Ferrazzano).
“Buscamos generar un sistema de control y fiscalización sobre la circulación vehicular en rutas provinciales y nacionales. Trabajamos en esta iniciativa, pensando también en que los siniestros comprometen al sistema de salud, por la ocupación de camas; tenemos el objetivo de reducir los índices”, señaló el ministro Maley.
Nieva, quien también preside del Consejo Federal de Seguridad Vial, manifestó que se tratará de una disposición importante para avanzar con la prevención de accidentes. “Para nosotros es fundamental trabajar con estos tipos de sistemas, que nos permitirán contrarrestar los índices de siniestralidad que sufrimos en la provincia”, indicó.
Amado, en tanto, destacó que los funcionarios provinciales manifestaron su compromiso de acercarse a las comisiones internas de la Legislatura para colaborar con la normativa.
"El presidente de este Poder Legislativo, Osvaldo Jaldo, siempre nos dice que tenemos que conversar con los sectores involucrados para avanzar en los proyectos, a fin de que la ley sancionada sea consensuada y que favorezca en general a los tucumanos”, indicó el referente de Monteros.
La Municipalidad de Yerba Buena comenzó esta semana a utilizar radares para controlar la velocidad de los autos en ciertas calles del municipio. El objetivo es reducir los riesgos que produce la alta velocidad. Al mismo tiempo, se busca que esta iniciativa quede establecida como una ordenanza.