El visto bueno otorgado por el gobernador Juan Luis Manzur a la renuncia condicionada del juez penal Juan Francisco Pisa allanó el camino a la inminente jubilación del magistrado, que enfrentaba la posibilidad de ser acusado ante el Jury de Enjuiciamiento por su desempeño en el caso de Paola Tacacho.
La ministra de Gobierno justificó el visto bueno de Manzur para la jubilación del juez PisaCon la firma del decreto de aceptación a la dimisión, la comisión de Juicio Político de la Legislatura resolvió por mayoría ajustarse a lo dispuesto por el artículo 30 de la ley 8.734, que dispone la suspensión del proceso de destitución durante 60 días para estos casos. En ese tiempo, el magistrado objetado por la familia Tacacho por no haber dispuesto medidas privativas de la libertad contra el acosador Mauricio Parada Parejas, femicida de la docente salteña, tendrá la posibilidad de finalizar sus trámites para acceder al sector pasivo con el 82% móvil de su sueldo.
El dictamen de mayoría llevó las firmas de los oficialistas Sergio Mansilla, Julio Silman (alperovichista), Gonzalo Monteros, Adriana Najar, Mariela Reyes Elías, Renée Ramírez, Enrique Bethencourt y Carlos Gómez. También rubricó este documento el bussista Mario Casali.
El presidente de la comisión, Zacarías Khoder, se excusó respecto de Pisa porque el magistrado debe resolver sobre la elevación a juicio de un caso de supuestos actos de corrupción que lo involucra al ex intendente bandeño.
Por su parte, el alfarista Raúl Pellegrini elevó un dictamen de minoría controvertido: proponía alejarse de la normativa provincial para ajustarse a tratados internacionales con jerarquía internacional en materia de violencia de género.
"No obstante que la renuncia condicionada presentada por el juez Juan Francisco Pisa fue aceptada por el gobernador Juan Manzur y los efectos previstos en el artículo 30 de la ley 8.734, considero que debe darse continuidad al presente proceso de enjuiciamiento, formulando la correspondiente acusación por encontrarse involucrados derechos y garantías contemplados en la Convención de Belem Do Pará, de jerarquía constitucional (...); y en la Ley Nacional 25.485, de Violencia de Género, instrumentos legales que nos compelen a tener una perspectiva de género en este momento que tenemos que definir la situación del magistrado sometido al presente proceso", señaló Pellegrini en su propuesta, que lejos quedó de prosperar.
Según el opositor, "la jerarquía constitucional de la Convención de Belem Do Pará la hace superior a la norma contenida" en la legislación provincial; por ello, opinó, la comisión de Juicio Político debía "dar continuidad a este procedimiento teniéndose presentes los derechos y garantías de los cuales era titular la señorita Paola Estefanía Tacacho".