El 25 de febrero de 2019, el tribunal integrado por Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto daba a conocer la sentencia del juicio más polémico de los últimos tiempos. Condenaron a los responsables de hacer maniobras de encubrimiento, absolvieron al único imputado de la desaparición y posterior muerte de Paulina Lebbos, y ordenaban que se investigara a cuatro hombres por el crimen y más de una veintena de sospechosos por falso testimonio y por tratar de que no se supiera la verdad. La Corte Suprema de Justicia, con una mora de 14 meses, dejó firme la sentencia, pero no logró detener los tiempos procesales para evitar que la causa prescribiera. Por ese motivo se inició una carrera contra reloj para citar a declarar a los sospechosos, la única herramienta a la que pueden acceder.
“La decisión está tomada. Se los citará a declarar como imputados y después se verá”, señaló una alta fuente del Poder Judicial. Durante todo el día de ayer, en el Ministerio Público Fiscal, que debe iniciar la investigación en contra de los nuevos sospechosos, se analizaba cuáles serían los pasos a seguir. En un principio, tendrían en su poder dos cartas para poder evitar la prescripción. Y están dispuestos a usarlas en algún momento, que no fue confirmado. Tienen plazo hasta mañana a las 24.
Las mieles del “alperovichismo” se transformaron en un trago amargo para varios de los que aparecen mencionados en la causa. El líder de este movimiento político, José Jorge Alperovich, lo está sufriendo. Es al único que no se le vencerán los plazos procesales por el paso del tiempo: desde 2006, año en el que se registró el crimen, hasta la fecha ocupó cargos públicos. El senador en licencia debe ser investigado por su participación en la reincorporación y en el ascenso del comisario Enrique García, el primer condenado por las irregularidades que cometió en el lugar del hallazgo del cuerpo. Pero no es el único. La situación procesal de Sergio Kaleñuk, sospechado de su posible se complicó en las últimas horas por haber sido funcionario de ese gobierno.
LA GACETA tuvo acceso al decreto Número 3.664/1 del 19 de septiembre de 2007 donde se aceptaba su renuncia como Asesor de Gabinete (con rango de subsecretario) de la Secretaría General de la Gobernación. Luego, según trascendió, ocupó un cargo similar en la presidencia de la Legislatura. Según las normas vigentes, los tiempos procesales se detienen para un funcionario. Esto quiere decir que la Justicia tendría por lo menos un año más para procesarlo y, de esta manera, evitar que sea beneficiado por una prescripción, ya que mañana se cumplen 15 años de haberse registrado el hecho.
“Es una norma que tiene un amplio margen de interpretación. Hay que ver si realmente utilizó la estructura del Estado para cometer el homicidio. Sí puede haberlo hecho para encubrirlo, pero ya había sido sobreseído de ese delito junto a Gabriel Alperovich”, señaló una fuente del poder Judicial. Kaleñuk se presentó en el debate a declarar como testigo, pero por sus propios dichos, terminó complicándose de tal manera que los jueces le pidieron que fuera investigado por ser el posible autor de la desaparición y el posterior crimen.
El crimen de Paulina Lebbos: Sergio Kaleñuk, el que plantó la teoría del “hijo del poder”El hijo de Alberto Kaleñuk, ex secretario privado del gobernador Alperovich, afirmó que el 25 de febrero de 2006 no había salido porque al día siguiente debía presentarse en el club Central Córdoba para controlar la venta de entradas del clásico. Dijo también que en la mañana del 26 de febrero estuvo toda la mañana en el club ubicado en avenida Alem y Bolívar. Pero esa coartada fue desvirtuada por los testimonios del ya fallecido Daniel Paz (ex chofer privado del senador en licencia), Gustavo “El Gordo” González (líder de “La Inimitable”, la barrabrava de Atlético) y Rubén “Sopa i’ Chancho” Urueña (presidente de CC).
Los informes de las compañías telefónicas sobre los movimientos que realizó ese día fueron contundentes. Lo ubicaron en Yerba Buena –por lo que no estuvo en “CC”-, a una cuadra de la casa de César Soto (la pareja de la estudiante y también sospechoso del crimen) en el horario que se debería haber presenta y en la zona donde se activó el celular de Paulina por última vez.