Enrique Pedicone, ex juez del Tribunal de Impugnación de la capital y denunciante del vocal Daniel Leiva, había solicitado a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que le diera el mismo trato que el que aquella había prodigado al camarista Eduardo Romero Lascano y frenara provisoriamente su procedimiento de destitución. Pero el mismo día que el Jurado de Enjuiciamiento comunicó a Pedicone que lo iba a expulsar del Poder Judicial, el alto tribunal le denegó por tercera vez una medida cautelar con los votos de la vocal Eleonora Rodríguez Campos, y de los camaristas en lo Contencioso Administrativo, Juan Ricardo Acosta y Ebe López Piossek. La decisión consigna que la presidenta de la Corte, Claudia Sbdar, estaba de licencia.

En términos sucintos, los jueces dijeron que Pedicone no había acreditado la verosimilitud de su derecho. Y hasta manifestaron que su supuesto y el de Romero Lascano eran diferentes. “Las medidas cautelares dictadas en otros procesos no hacen doctrina legal para esta Corte en tanto tuvieron en consideración las particularidades del caso en el que fueron planteadas y respecto de las cuales dogmáticamente el presentante invoca absoluta identidad sin que ello surja acreditado de manera alguna. Asimismo, es oportuno destacar que en el caso de autos, no se ha dictado sentencia judicial en el orden provincial”, expresaron.

El mismo 17 de febrero, el codefensor de Pedicone, Arnaldo Ahumada, había notificado al alto tribunal acerca del envío y de la recepción de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde consta una descripción de las irregularidades observadas en el enjuiciamiento y la imposibilidad de obtener la suspensión del trámite en la Justicia provincial. Explícitamente, el ex magistrado había afirmado que la presentación ante la CIDH lo colocaba en el mismo lugar que Romero Lascano, uno de los tres jueces denunciados en 2012 por Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles Verón. Aquel camarista logró que la Corte local parara cautelarmente su enjuiciamiento y, cuando la Corte de la Nación dispuso la prosecución, la Corte local emitió una segunda orden de suspensión en 2016 fundada en la existencia de la interposición de una denuncia ante la CIDH con las firmas de los jueces Salvador Ruiz (fallecido), Marcela Ruiz y Carlos Ibáñez. Esa disposición provisoria sigue vigente porque el Poder Ejecutivo de Juan Manzur la consintió y, por lo que trascendió, la CIDH nunca se expidió. A diferencia de Romero Lascano, el “jury” de Pedicone se sustanció en menos de dos meses, sin contar el receso de enero. Según Rodríguez Campos, Acosta y López Piossek, el ex juez debió haber solicitado la medida provisoria no en Tucumán, sino al organismo donde denunció la violación de sus derechos fundamentales.