Como mazazos de la dura realidad, cuatro noticias de estos días dejaron laceraciones en la epidermis social. Excepto la sorpresa de la vacunación VIP del ex ministro de Salud, Ginés González García, que sacudió al país el viernes, la semana tucumana había sido una larga caída al abismo de la desolación, con informes como el de la generación abandonada (de jóvenes crecidos en ambientes degradados  en todo sentido); revelaciones como la del inminente final amargo de impunidad del caso de Paulina Lebbos; la expulsión del juez Enrique Pedicone por parte del Jury y la tragedia de Brian, el niño de tres años buscado durante seis días hasta que se encontró su cuerpo ahogado en un recodo del río Salí. La semana ha sido  un largo empujón del sentido común hacia los márgenes de la impotencia.

Estado ausente

De la generación abandonada había ciertas nociones y advertencias de expertos en adicciones y asistentes sociales que señalaban el destino probable de los chicos que han ido creciendo en los barrios periféricos. Un estudio de hace seis años ya estableció que hay unos 220 villorrios en el Gran Tucumán. Trabajadores sociales como Emilio Mustafá alertan desde hace años sobre la distancia entre las acciones de las autoridades, y la realidad de los barrios dominados por la miseria y -en muchos casos- el narcotráfico. En nuestra edición del miércoles se advirtió que de los 20 homicidios registrados en lo que va del año, 12 habían sido cometidos por jóvenes menores de 27 años, generalmente adictos y provenientes de estos ámbitos degradados, llamados la “generación A”, de acuerdo a la investigación del periodista Gustavo Rodríguez. El asesino de la enfermera Susana Mansilla, “Chino” Regudero, es un caso representativo: adicto, mendigo, marginado social. No hay cifras estimativas -excepto el detonante de la cantidad de homicidios, que parece ser una parte reveladora de ese todo que está en la oscuridad-, pero las apreciaciones de abogados dan cuenta de que se percibe la existencia de esa generación abandonada. En su columna del jueves, Juan Manuel Montero recordó la apreciación de 2004 del ex juez de Menores, Raúl Oscar Ruiz (ya fallecido), quien hablaba de “una generación de chicos sobre la que hay que trabajar muy fuerte, ya que está casi perdida. Hoy por hoy, debemos poner especial atención en los menores de entre 10 y 12 años, ya que por ellos podemos hacer mucho”. Luego fue sumar uno más uno y se llega a la actualidad. Hace 17 años había una apreciación y una advertencia de un magistrado. Hoy hay datos más duros en una provincia que se ha degradado socialmente -desde hace varios años está en los índices más altos de violencia- aunque continúa la misma escasez de datos precisos de aquel entonces. El sistema de Salud y el de Desarrollo Social deben tener registro de las nuevas generaciones, y, con el agravamiento de la crisis, si el juez Ruiz estuviera vivo podría exclamar “te lo dije” y advertir del futuro negro que les espera a los que están a punto de entrar a la adolescencia en esas zonas postergadas.

A espaldas de la sociedad

Zona postergada es la del Este tucumano, a la que la sociedad le dio la espalda, como describió en su columna Guillermo Monti, a propósito de la tragedia del pequeño Brian, que ha conmovido a la sociedad. Miles de pobladores sobreviven en los sectores aledaños al río Salí abandonados a su suerte. ¿Cuántos padeceres cotidianos se viven en esos sectores carentes de servicios básicos? ¿Cuántos Brian crecen a la buena de Dios en esas zonas donde el sentido común se diluye ante los requerimientos de la supervivencia? La pandemia ha hecho salir a la superficie las difíciles condiciones de vida en esos sitios. Los científicos sociales están estudiando el tema aunque no tiene aún un veredicto y mucho menos propuestas de superación. El Estado, pródigo en soluciones de emergencia, como los ya establecidos estructuralmente planes sociales, no advierte el fracaso de políticas que no “han enseñado a pescar” a generaciones olvidadas. Esa estrategia para los próximos 30 años, si la hay, no se ha dado a conocer.

Pese a que el informe sobre la “generación A” y la desesperada búsqueda de Brian fueron las noticias más movilizantes (en redes sociales), no hubo reacciones del poder político. Como ocurrió otras veces. ¿Se acuerdan del niño Benjamín, asesinado en 2019 en Las Talitas? ¿O los casos recientes de Érica, Abigail Riquel o el del precoz delincuente “Pequeño”? Con ellos extenderíamos el drama del Este a otras áreas del Gran Tucumán.

La expulsión del juez

El poder estuvo atento a la resolución del juicio político al ex juez de impugnación Pedicone, quien denunció por supuesta corrupción y grabó a escondidas al vocal de la Corte Suprema, Daniel Leiva. La percepción social del final cantado fue creciendo desde la denuncia en septiembre, y consolidándose cuando  la comisión legislativa rechazó el pedido de juicio político contra Leiva y admitió el pedido contra Pedicone. Luego los que debían investigar en la Justicia (fiscala y juez) demolieron la causa. “Sólo uno de los magistrados del relato enfrenta ahora un juicio político y no es el que supuestamente proponía la comisión de un hecho ilícito. No es el que hablaba en nombre del poder de turno. El que enfrenta un juicio político es el que lo grabó”, dijo Vanessa Lucero, prosecretaria letrada del Ministerio Público de la Defensa de la Nación.

Ahora se va a hablar de la composición puramente política de una comisión de juicio político que decide a quién manda al paredón y a quién no. La sensación es que hay una selectividad vergonzosa. Hay quien recuerda que no se sometió a juicio político al ex fiscal Carlos Albaca, quien “congeló” la causa del asesinato de Paulina Lebbos durante siete años y se jubiló sin problemas con el 82% móvil.

Ahora la Justicia y el Jurado liberaron a uno de los involucrados del escándalo (Leiva), y enviaron al cadalso y ejecutaron al otro (Pedicone). Y lo hicieron dejando varios hilos, como no escuchar a todos los testigos propuestos o aceptar pruebas presentadas mientras no estaban algunos integrantes del Jurado. Esto no se ha terminado: acaso la decisión judicial y la sentencia política van a ir por un camino jurídico en busca de otra resolución, independientemente de los motivos que han de presentar los jurados esta semana. ¿Actuaron según su conciencia, como dijo el criticado representante de los abogados, Javier Critto, o es la percepción de la oposición (José Canelada) de que hay una mafia que conecta Justicia y poder político? Nadie del PJ, excepto el vicegobernador Jaldo que justificó la actuación de los integrantes del jury, salió a hablar del escándalo. Aunque hubo uno que hizo crítica: el kirchnerista José Vitar, quien opinó que “Leiva debiera renunciar de inmediato” porque todo el proceso “daña las instituciones y afecta la disminuida credibilidad de la Justicia”.

Sin explicación sensata

La credibilidad de la Justicia y las sospechas de las injerencias del poder político ya están expuestas en carne cruda en el caso “Lebbos”. En pocos días se cumplen 15 años de la desaparición de Paulina, y su padre Alberto teme que prescriba la causa y todo quede impune. Esta fue la otra noticia de esta semana. Hace dos años fue la sentencia contra ex funcionarios por encubrimiento, que ordenaba, además, que se investigue a quienes se presume autores del homicidio y a unas 15 personas más por encubrimiento (entre ellas, el ex gobernador José Alperovich), pero nada está firme porque se espera que la Corte Suprema resuelva apelaciones. “Los jueces ordenaron que se investigue a un montón de gente y no avanza porque la sentencia no está firme -dice Lebbos-. No hay duda de la injerencia del poder político: no hay una explicación sensata”. Lebbos recuerda también que el juicio penal al ex fiscal Albaca, acusado de 11 delitos relacionados con la causa Paulina, está demorado sin razón ni fecha en el sistema conclusional. “¿Temen que revolee la media?”, añade. Y advierte que nadie en el Poder Legislativo ni en la Justicia se preocupa por esto. Lebbos enumera las medidas que se tomaron en forma equivocada y las que dejaron de tomarse. Compara casos, menciona el padecer de Paola Tacacho (ignorada por la Justicia, caso por el cual está acusado en la comisión de Juicio Político el juez Juan Francisco Pisa) o la tragedia de Susana Mansilla, a cuyo homicida le habían ordenado en octubre medidas de probation, y anduvo libre para asaltar y matar. “¿Quién controla que se cumplan esas medidas coercitivas?”, dice Lebbos. Y se pregunta: “¿qué les dicen a su mujer y a sus hijos estos tipos cuando vuelven a sus casas, después de haber actuado así?”

Sin respuesta. El sentido común sobre cómo debería ser la sociedad ha quedado totalmente al margen en las noticias de esta semana.