Por Clemente Babot Eraña. Economista - Políticas Públicas.
Fundación Federalismo y Libertad

Toda baja de impuestos es bienvenida. Cuando hay menos impuestos que pagar, los ingresos que generan las familias son destinados a otros fines, como un asado el domingo, una nueva tele, se tomarán unos días de vacaciones, incluso podrán ahorrar. Lo que cada familia quiera. Después de todo, los ingresos son frutos de su esfuerzo, son de su propiedad.

El día de la independencia tributaria que -según cálculos de IARAF- para una familia asalariada es el 28 de junio de cada año, podrá adelantarse unos días en el calendario. Este indicador muestra hasta qué día del año un ciudadano debe trabajar para cumplir con todos los impuestos que inciden económicamente sobre su ingreso.

El oficialismo presentó la semana pasada en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley de modificación del Impuesto a las Ganancias. El mismo busca aumentar el mínimo no imponible de manera tal que las personas que ganen hasta $150.000 por mes no tributen ganancias. Esta medida beneficiaría también a los jubilados al aumentar el mínimo a ocho haberes mínimos, monto similar al anterior.

La idea es muy buena, pero no es original. Ya se implementó en 2013 y luego el beneficio se diluyó a causa de la inflación.

A pesar de que una disminución de impuestos es beneficiosa, el Impuesto a las Ganancias es un impuesto progresivo que se basa en la capacidad contributiva. Difiere de otros impuestos como el IVA o IIBB, que son impuestos regresivos y recaudan sobre el consumo, por lo que impacta más en las familias de menores ingresos.

La modificación a implementar tiene un claro fin electoral, con beneficios de corto plazo. Los cambios deberían ser mas profundos y tener en cuenta la distinta capacidad contributiva, modificar las deducciones para que sean equitativas, modificar las escalas. Nuevamente, las reformas se olvidan de los trabajadores autónomos que ante el mismo esfuerzo deberán tributar más ganancias que los asalariados. Ganancias es un impuesto anual que impactará en la declaración de 2021. Para que tenga efectos inmediatos deberán implementarlo en forma retroactiva mostrando falta de planificación y oportunismo.

Por un lado dan y por el otro quitan. Para esta modificación al impuesto a las ganancias no se planteó una baja en el gasto público para compensarlo.

Otra cara de la moneda

La baja en ganancias para empresas no se producirá como estaba planteado por la ley 27.430 de reforma tributaria de 2017. Según esta norma, a partir de 2021 se había establecido que la alícuota a aplicar sería del 25% para sociedades y del 13% para los dividendos distribuidos y la remesa de utilidades a la casa matriz. Con la modificación se busca suspender por un año la reducción de la alícuota de Ganancias para empresas. A pesar de la monumental crisis de 2020 la alícuota de ganancias no se toca.

Sin hacer mucho ruido, pero con mucha eficiencia, avanza la sanción de la ley para el Consenso Fiscal. Recordemos que en 2017 el consenso fiscal, mediante la Ley 27.429, estableció pautas para la eliminación gradual de impuestos a los sellos, la eliminación inmediata de impuestos provinciales sobre la nómina salarial y mecanismos de compensación automáticos para los saldos a favor en IIBB, entre otras medidas que alivian al contribuyente.

El 4 de diciembre de 2020 los gobernadores, representando a sus provincias, y la Nación decidieron prorrogar por cuarta vez la suspensión del pacto fiscal 2017 por un año más, mediante la firma del Consenso Fiscal 2020. Con suma ejecutividad, el 22 de diciembre, la Legislatura provincial aprobó una ley ratificando esta decisión.

Lo que acordaron los gobernadores en aquel lejano 2017, en cuanto a Ingresos Brutos, fue establecer un límite superior para la aplicación de las alícuotas del 5%. Para esa fecha, Tucumán gravaba Ingresos Brutos con una alícuota general del 3,5%. El Gobierno provincial aprovechó esto y elevó la alícuota a su máximo del 5%. Irónicamnete, el ánimo del Pacto Fiscal era reducir la carga impositiva, objetivo ignorado por los gobernantes de nuestra provincia.

A la elevada alícuota se suma el nefasto sistema de retenciones y percepciones, sistema por el cual el contribuyente acumula saldos a favor en forma permanente. Esto genera costos economicos y financieros, que implica en la práctica que la tasa efectiva sea superior a la alícuota vigente. Este impuesto es altamente distorsivo y se propone eliminar con la eternamente postergada sanción de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos.

Respecto al impuesto a los sellos, el pacto establacía una alícuota máxima de 0,75%, a partir del 1 de enero de 2019, con baja progresiva hasta eliminarlo en 2022. Sin embargo, la ley impositiva actual fija en hasta 3% la alicuota vigente. Su eliminación beneficia el registrado y formalización de los contratos, permitiendo proteger negocios y realizar ampliaciones de capital de sociedades, entre otros actos, y aliviar impositivamenta a los contribuyente.

El impuesto a la Salud Pública tiene como base imponible la remuneración mensual de los asalariados con una tasa general de un 2,50%. El  Consenso Fiscal propone “derogar todo tributo sobre la nómina salarial”. En general, la cantidad demandada de un bien o servicio está afectada por su precio. Cuando este se incrementa, su cantidad demandada disminuye. Mantener este impuesto es contrario al fomento del empleo registrado en la provincia.

Como mencionamos, los impuestos a los ingresos son regresivos, ya que impactan proporcionalmente más en las familias de menos ingresos. Por lo tanto, para beneficiar a muchos se debería poner el foco en bajar Ingresos Brutos e IVA.

Este aplazamiento se repite hace cuatro años, como una espiral infinita. En diciembre de 2019, los representantes por Tucumán votaron en su mayoría por posponer la baja de impuestos. En el Senado, ninguno de los tres representes se opuso -una abstención, un ausente y un afirmativo. En Diputados, sólo dos de nueve representantes tuvieron la voluntad de oponerse a esta medida.

La política de Estado está claramente orientada a incrementar los impuestos y en consecuencia la insoportable presión fiscal sobre la economía, para seguir financiando el enorme e ineficiente sistema de administración pública. La suba de los mínimos no imponibles en ganancias beneficiaría a algunos contribuyentes, pero por otro lado, las suspensiones de bajas y eliminación de impuestos planeadas en 2017 no se tocan. Con esta medida, la corporación política aparenta beneficiar a unos pocos, pero en realidad perjudica a todos. Menos a ellos. El día de la independencia tributaria seguirá moviéndose en el calendario y los contribuyentes sumaran días de trabajo para poder cumplir con el Estado.