El procedimiento de destitución del juez Enrique Pedicone está terminando como empezó: con improperios y amenazas proferidos a los gritos. Pero, a diferencia de lo que había sucedido en noviembre, cuando el magistrado recibió los insultos en la vía pública, ayer sus detractores se despacharon en la propia sala de audiencias del tercer piso de la Legislatura. “Te vamos a perseguir hasta la ONU (Organización de las Naciones Unidas)”, prometió Lucas Mayer. El desborde llevó al presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Daniel Posse, a desalojar la sala, incluida la prensa, y a ordenar que se reforzara la seguridad de Pedicone. Estos hechos pusieron un final abrupto al acto de recepción de los alegatos. Tras recobrar la serenidad, Posse anunció a los periodistas que el Jurado comunicará después de carnaval si expulsa o no al juez.
La acusación a cargo del legislador oficialista Zacarías Khoder, y los defensores Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig ratificaron sus respectivas posiciones. Mientras que Khoder consideró probados los siete cargos endilgados a Pedicone, y que había motivos de sobra para destituirlo e impedirle el ejercicio de cargos públicos en el futuro, Ahumada y Battig reiteraron que no hay pruebas en contra del magistrado, y que a este lo persiguen sin límite alguno por haber osado denunciar a Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. “Este es el reino del revés”, resumió Ahumada.
Khoder, titular de la comisión de Juicio Político de la Legislatura, alegó en primer lugar. “Pedicone eligió defenderse engañando a la ciudadanía. Se mostró como víctima de una maniobra urdida en su contra, pero este procedimiento no es más que la preservación del mecanismo republicano de gobierno”, espetó. Y agregó: “Pedicone se siente al margen de la ley”. El legislador expresó que durante el procedimiento había quedado acreditado que Pedicone actuó en la miniferia de agosto en las causas “Bravo” y “Marti” (bar y billares Punto y Banca) a sabiendas de que carecía de competencia para ello; que violó la cláusula constitucional que prohíbe a los jueces hacer política y vulneró el Código Iberoamericano de Ética Judicial; que confesó la realización de grabaciones clandestinas a Leiva y al secretario Fernando Valladares; que sistemáticamente negó a las víctimas el derecho a ser oídas; que coaccionó al fedatario y que dispuso la anulación de prisiones preventivas en contra de la doctrina de la Corte, como denunció en sede penal el ministro fiscal (con licencia) Edmundo Jiménez.
“Jiménez denunció a Pedicone para evitar que interviniera en sus causas, y operó en la Corte con los tres ex fiscales de Estado (Antonio Estofán, Leiva y Eleonora Rodríguez Campos) para impedir el control del procedimiento anti-covid-19 en Punto y Banca. Este escándalo de la competencia hizo que cesaran los atropellos que el fiscal Carlos Picón cometió en la pandemia”, retrucó Ahumada, quien subrayó que la acusación no había citado ni permitido citar como testigos a las víctimas de delitos que decía defender. Antes, Battig había planteado que Pedicone estaba habilitado para grabar a Leiva porque este le proponía algo indebido en un bar (“manejar las intensidades de la causa del legislador Ricardo Bussi”) y que no entendía cómo la acusación podía creer en la coacción de Valladares si este se había negado a declarar bajo juramento. E interrogó: “¿cómo pueden dar por probado un delito que nunca se investigó?”.