El escenario político está en movimiento y la campaña electoral se comienza a traslucir. Cada dos años, los cronogramas se reactivan y todo hecho político es electoral. En el ámbito nacional, la discusión es qué sucederá con las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y en el local, la atención está puesta en las internas en el radicalismo, partido medular de Juntos por el Cambio (JPC). Las decisiones en este año de elecciones legislativas estarán marcadas por dos condicionantes: las consecuencias de la pandemia y los comicios provinciales de 2023. Por un lado, la dirigencia sabe que el ánimo de la ciudadanía no es el mejor y que no hay margen de error. Y por el otro, el objetivo real de los dirigentes es conseguir resultados aceptables para pensar en el futuro. Las expectativas suelen ser altas en esta instancia. La realidad, sin embargo, va poniendo límites.
La mirada en Buenos Aires
El futuro de estas PASO se cuece en la Casa Rosada. El sistema, tan repudiado como reivindicado, cumple una década este año. Había nacido en 2009, por impulso del oficialismo luego de la derrota de Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Las primeras PASO fueron en 2011 y se concretaron cinco veces. La vigencia fue cuestionada tanto por los partidos más pequeños como por la oposición más numerosa cuando fue gobierno. En términos generales, las consideraron proscriptivas (por el piso de 1,5% de los votos válidos para pasar a las generales); costosas (el operativo insumiría unos $10.000 millones) e ineficaces (hay distritos en los no fueron definitorias). También recibieron halagos porque estimulan la participación y ordenan la oferta electoral.
La idea de suspender las PASO comenzó a analizarse el año pasado y surgió de los gobernadores del PJ. El argumento es que el gasto podría evitarse y destinarse al sistema de salud. Hay dirigentes que reconocen que llevar adelante dos campañas será una tarea complicada en este contexto. El gobernador Juan Manzur fue de los primeros en expresar su postura. En la Cámara de Diputados, uno de sus principales referentes, Pablo Yedlin, presentó la propuesta para la suspensión. El asunto volvió a la agenda el jueves. En la Rosada almorzaron el presidente Alberto Fernández; el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa y el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
Se sabe que el PJ más tradicional quiere que no se celebren, mientras que el kirchnerismo pretende mantenerlas. Fernández no tendría una postura determinante. Había trascendido que el diputado Kirchner consideraba que eran la herramienta para que se resolvieran las pujas territoriales en Buenos Aires. Lo que no se dijo aún sería el otro motivo. Fuentes cercanas a Máximo sostienen que aconsejó al Presidente que no promoviera la prórroga ¿Por qué? Un mandatario propiciando la suspensión de un test electoral es una muestra de debilidad. Entonces, la estrategia habría sido la de pedir a los gobernadores que iniciaran el clamor en público. Y así fue.
De la reunión surgieron tres propuestas. La primera prevé eliminarlas por única vez. La segunda, que tiene más chances, dispone demorar las elecciones y acortar la distancia entre las PASO y las generales (en octubre y noviembre). La última no encuentra aún forma: implicaría que las dos contiendas sean el mismo día. El tope para la definición es marzo, porque cualquier cambio debe pasar por el Congreso.
Una foto distinta
Los tucumanos votarán para renovar cuatro de los nueve diputados y los tres senadores del distrito. En la Cámara Baja, el oficialismo pone en juego dos escaños, los que ocupan Yedlin y Gladys Medina. La oposición arriesga los otros dos, del radical José Cano y de la alfarista Beatriz Ávila. Ambos disidentes habían llegado en la misma lista, pero Ávila luego se apartó del macrismo para conformar el bloque del Partido por la Justicia Social (PJS). En la Cámara Alta, concluyen los mandatos de los peronistas Beatriz Mirkin y José Alperovich, y de la radical Silvia Elías.
Las últimas elecciones nacionales, en 2019, tenían características diferentes a las de este año porque estas son de medio término. Entonces, habían coincidido con las provinciales y las presidenciales, lo que generó una campaña más intensa. La foto política es distinta, pero la dirigencia toma como referencia algunos números de ese año. La mayoría de los dirigentes sabe perfectamente su caudal de votos. Los más osados ya hacen cuentas y estiman que, aunque es muy variable por la cantidad de sufragantes y de frentes que compitan, para ser electo diputado o senador se necesitaría alrededor de 130.000 votos.
¿Qué expectativas tienen los que participarán? ¿Qué frentes están en marcha?
Optimismo oficial
En el oficialismo están convencidos de que llegarán muy bien a los comicios. Con encuestas en mano, estiman que la adhesión a la gestión ronda el 40%. “No será una elección de 500.000 votos (como 2019), pero se ganará bien”, arriesgó un referente del espacio. El objetivo es quedarse con tres bancas de diputados y dos de senadores. Las internas en la oposición, y el cese del fuego entre Juan Manzur y Osvaldo Jaldo motivan el optimismo. La mayoría sabe que los tucumanos no están contentos con los precios, el desempleo y la inseguridad, pero aún así apostarán al Estado para la campaña. Consideran que la gestión se fortalecerá por lo que esperan que suceda hasta la mitad del año: que la vacunación esté avanzada; que se reactiven las obras; que mejoren los índices de seguridad y que repunte el empleo. Una lista de metas ambiciosas.
Es temprano para definir candidatos, pero Manzur y Jaldo apostarían a un mix entre miembros conocidos de la gestión; compromisos políticos con dirigentes del interior y los pedidos que puedan llegar de la Nación. En este último punto, el kirchnerismo confía en contar con uno de los primeros lugares en cada nómina.
En la Casa de Gobierno consideran que la oposición, específicamente JPC, cuenta con el promedio del 25% de los votos. Están siguiendo con especial atención lo que sucede en la Unión Cívica Radical (UCR) y especulan con que está dividida en cuatro espacios: el que encabezan Cano y Elías; el de los intendentes que propician una alianza con Fuerza Republicana, Mariano Campero (Yerba Buena) y Roberto Sánchez (Concepción); uno más cercano al intendente de la Capital, Germán Alfaro y un cuarto, del movimiento Boina Blanca, del ex legislador Ariel García. En cuanto al alfarismo, hay dos posturas. Hay quienes miran a Alfaro como un estratega al que hay que temer, sobre todo, en las elecciones provinciales y quienes creen que no tiene aliados.
La interna
Si bien el posible acuerdo con el legislador Ricardo Bussi parece haber sido el detonante de la interna, las diferencias no son recientes. En 2019 el camperismo ya se había plantado y había presentado su lista en las PASO. Luego, todo pareció pasar al plano subterráneo. Las visitas y avales de Alfonso Prat Gay, y del gobernador de Jujuy Gerardo Morales reavivaron las diferencias en público. En las últimas horas, hubo nuevos episodios. Campero, Sánchez y Manuel Courel viajaron a Buenos Aires y se reunieron con Horacio Rodríguez Larreta y Alfredo Cornejo. Cano se mostró en un video con el ex presidente Mauricio Macri.
¿Cómo ve el sector Cano-Elías la situación? Sostienen que el radicalismo llegará unido y que seguirán trabajando para 2023. También que prevén llegar a un acuerdo con Alfaro. Afirman que podrá alcanzar 350.000 adhesiones y que estarían en condiciones de renovar un senador y los dos diputados. Como ya trascendió, una alternativa que analizan es un enroque que postule a Cano para el Senado y a Elías para Diputados.
Ven la mano del oficialismo tras el grupo Campero-Sánchez. Acusaron a los dirigentes de ser funcionales al Gobierno al incluir a Bussi y de querer ser candidatos porque ya no pueden ser reelectos. Dicen que en Buenos Aires les bajaron el pulgar y que por ello bajaron el tono de sus pretensiones.
En el camperismo se ven hoy más lejos de JPC. Sostienen que intentaron dialogar para que haya una renovación y más apertura, pero que no fueron escuchados. “No queremos jubilar a nadie, pero sí que cedan espacios”, repiten. Reniegan porque están convencidos de que hay canistas que ejercieron y ejercen presión para que no reciban más apoyo en el ámbito nacional. Explicaron que, de todas maneras, recibieron en privado el visto bueno de distintas figuras. Afirman que Bussi es una buena opción, por los votos con los que cuenta y porque, inclusive, ofreció no ser candidato. Advierten, sin embargo, que la alianza no está cerrada. Sí destacaron que el republicano viene proponiendo un frente desde hace años y que estuvo cerca de integrarse, pero que no prosperó. También creen que podría ser clave sumarlo para las provinciales. Por el momento, los intendentes no descartarían postularse para el Congreso.
Otro espacio de radicales -con representantes como el legislador Raúl Albarracín, el intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar, y el ex legislador Fernando Valdez- reclamó “vocación frentista”. En un cónclave en Bella Vista, pidieron unidad. Desde el sector de García, ahora funcionario nacional, mantienen profundas diferencias con ambas facciones. Continúan manifestándose por la normalización del partido y consideran que el debate que debe darse es sobre el rol de la UCR en los frentes. No descartan presentarse en las urnas, al igual que en 2019.
¿Y el PJS?
El alfarismo está decidido a mantenerse al margen de la interna, aunque hay numerosos radicales que trabajan en la gestión municipal. Por ello se consideran la segunda estructura por detrás del oficialismo y un socio mayoritario en cualquier armado. El intendente Germán Alfaro, líder del espacio, mantuvo reuniones con distintas vertientes, pero se mantiene en silencio. En el municipio opinan que las discusiones tienen como trasfondo demasiados intereses personales y, además, otros del oficialismo provincial. Por estos días se ven fuera de JPC. El horizonte que tienen trazado es que Ávila llegue a ser senadora y que Alfaro compita por la gobernación.
El escenario político está poniéndose a tono y definitivamente la campaña, con base más en expectativas que en la realidad, ya comenzó.