“El volumen de causas con el anterior sistema era muy grande”, explicó el fiscal Diego López Ávila. “El nuevo código nos da la posibilidad de acelerar los procesos y llegar a una sentencia mucho más rápida. Hay que tener paciencia. Con el tiempo se verán los cambios”, agregó el investigador en una entrevista con LA GACETA.

La opinión del fiscal tiene fundamentos. López Ávila acordó ayer un juicio abreviado una condena a seis años para un joven que asaltó tres drugstores el 24 de septiembre. Su par, Carlos Picón, hizo lo mismo con dos motochorros que cometieron un hecho el 19 de diciembre. Uno recibió una pena de cinco años y el otro, de ocho, por ser reincidente. “Lo que antes se tardaba años, ahora se resuelve en meses. Con el correr de las semanas la sociedad se irá dando cuenta de este importante cambio”, agregó el investigador.

“Son muchos más los ejemplos que se están dando. También se llegaron a acuerdos en casos de hasta homicidios”, informó.

Los fiscales coincidieron en señalar que con el nuevo sistema se toparon con una dura realidad. Antes de ingresar a una audiencia para formular cargos, averiguan los antecedentes para determinar si tienen causas abiertas o condenas. “A veces nos encontramos que cuentan con hasta 50 causas abiertas”, indicó un investigador. “Ese dato nos puede ayudar a solicitar una medida cautelar, como la prisión preventiva para argumentar que, ante semejante cantidad de causas en su contra, puede fugarse”, agregó la fuente.

¿Por qué se llegó a esta situación? “El problema de la demora judicial se debe al incremento significativo de estos delitos. Sinceramente no manejo precisamente las estadísticas, pero tengo entendido que es insostenible la cantidad. No sólo hay que pensar en la persecución penal, sino también en la prevención, que es fundamental para que no se abra un proceso”, explicó Ernesto García Biagosh.

“Al ocupar el arrebato un porcentaje importante en la cantidad de delitos que se cometen a diario, genera que el sistema de  justicia se vea desbordado y por lo tanto no le sea posible brindar repuestas rápidas, sin contar con la falta de recursos”, indicó José del Río. “En un caso particular, un juez dictó una prisión preventiva (que no es una pena, sino una medida cautelar) de tres meses. Sin embargo, la causa terminó prescribiendo por no haberse realizado el debate oral en el plazo de 3 años. Este ejemplo demuestra que se malutilizó la prisión preventiva, cuando se debió capitalizar los recursos llegar a un juicio oral y a una posible condena. El hecho quedó impune”, señaló.

Ante el difícil panorama, incrementar el uso de herramientas como un juicio abreviado a la suspensión a juicio a prueba (también conocida como probation) podría ser una importante solución. “Son excelentes herramientas que se está utilizando como nunca antes. Esto permite celeridad en los procesos que derivan en una rápida condena que luego no admite beneficios en casos de reincidencia. Esto generará, sin lugar a dudas, que la inseguridad ceda en algún punto. Pero para que ello ocurra todas las partes deben estar de acuerdo”, comentó Patricio Char.

Del Río coincidió con su colega y fue más allá todavía. “Mi experiencia personal indica que estas herramientas son efectivas. Sólo el 20 por ciento de mis defendidos que recibieron una condena con estas herramientas reincidieron en el delito. Es una cifra para tener en cuenta”, agregó el profesional.

El penalista indicó además que esta celeridad les sirve a todos los actores. “El condenado se concientiza de que no puede seguir delinquiendo porque no tendrá otra oportunidad. La víctima, que hasta puede ser resarcida por el daño causado, recibe una pronta respuesta. Y por último, la Justicia ahorra todo tipo de recursos”, concluyó.