La muerte de Lucas Hernán Navarro impactó a la sociedad. El joven de 22 años murió al chocar contra un interno de la línea 17 cuando intentaba escapar en una moto (que había sido robada el lunes de la vía pública) después de haber cometido dos arrebatos en el sur de la ciudad. Al poco tiempo se descubrió que había estado detenido seis veces entre 2016 y 2020. Pese a que tenía cinco causas abiertas en su contra, nunca afrontó un juicio. Fuentes policiales estimaron que podría haber unas 1.500 personas en la misma situación, aunque funcionarios judiciales estiman que podrían ser más.

En julio pasado fue detenido por sexta vez en menos de cinco años. En este caso, por haber intentado robar una moto, la Justicia le dictó prisión preventiva por seis meses -un fallo duro teniendo en cuenta el delito del estaba acusado- y fue trasladado al penal de Villa Urquiza. “Su familia, que es gente de bien y trabajadora, no sabía qué hacer, si dejarlo que siguiera preso o pelear para que lo liberen”, explicó el defensor, que prefirió no identificarse por temor al escarnio público. “Les expliqué que podía hacer una probation, es decir, declararse culpable del delito y realizar tareas comunitarias, y de paso recuperarse de su adicción, que lo hacía delinquir. Se aceptó el acuerdo, pero nadie controló que cumpliera el convenio y siguió en la misma hasta que se mató”, se lamentó el profesional.

Cuestión social

Herrera es uno de los tantos jóvenes que han elegido transitar el camino del delito. “El arrebato es un hecho delictivo que más se acentúa en nuestra ciudad, lo que demuestra que muchas personas hacen del mismo un arte de vivir”, señaló el abogado José del Río.

Su colega, Patricio Fresia, agregó: “en muchos ya es un estilo de vida, no hay dudas, pero también hay otras aristas. Son personas que no miden las consecuencias, están por lo general bajo los efectos de estupefacientes y dispuestas a cualquier cosa. Muchas veces la violencia que ejercen es desmedida, injustificada y desproporcionada. Las victimas atemorizadas entregan sus pertenencias, sin embargo los malhechores les pegan o les disparan sin pensar ni medir el daño y el temor que generan”.

“Una nueva muerte nos interpela a trabajar en conjunto y de manera articulada”, sostuvo Patricio Char. Según el penalista, el arrebato es un delito cometido casi por exclusividad por jóvenes de entre 18 y 30 años, sin educación ni trabajo, con problemas de adicción y con antecedentes penales. “Si no conformamos en una mesa de trabajo interpoderes, que incluya las organizaciones de víctimas y medios de comunicación, nunca vamos a conseguir una victoria como sociedad. Si los poderes realizan políticas aisladas, por presión del impacto de una noticia, lo único que hacemos es que se produzca un enfrentamiento entre leyes penales y principios penales, que no nos lleva a ningún lado”, concluyó.

El comisario Joaquín Girbaux, que está a cargo de la Unidad Regional Capital, estimó que sólo en su jurisdicción hay unos 1.500 jóvenes que se dedican a cometer arrebatos u otros delitos con las motocicletas que manejan a la perfección. “De acuerdo a los datos que hemos recabado, comienzan a delinquir desde los 15 años aproximadamente, pero después de los 22, cuando ya han ganado experiencia, lamentablemente se dedican a cometer delitos más graves”, indicó en una entrevista con LA GACETA.

“Necesitamos de la ayuda de la Justicia para poner límites a esta situación. Casos como los de Herrera hay muchos. Roban una moto como una herramienta para seguir cometiendo delitos, especialmente, arrebatos. Cuando detenemos a alguien, al pedir su planilla, nos damos cuenta de que tienen numerosos expedientes abiertos, pero ninguna condena”, agregó Girbaux.

El jefe interino de la URC explicó además que de ese importante número de jóvenes que cometen arrebatos, al menos el 70% no culminó sus estudios secundarios, el 80% tiene problemas de adicción y más del 90% no cuenta con un trabajo estable. “Aquí vemos una cuestión social muy grave que debe ser atendida. Es un problema que debe solucionarse atacando varios frentes”, opinó.

Más cifras

En los tribunales coinciden con las falencias. “Por eso se decidió cambiar el Código Procesal Penal. Con esta modificación, se pretende cambiar todo el sistema judicial”, explicó una alta fuente de la Justicia.

Por año, hasta antes del cambio de digesto, en el Miniserio Público Fiscal ingresaban más de 80.000 causas. De ese número, más del 30% (unas 27.000) eran por delitos contra la propiedad. Y de esa cifra, el 85% eran de autores desconocidos, es decir no se había identificado a la persona que había cometido el delito.

De los casi 5.000 detenidos, unos 2.500 fueron capturadas por arrebatos. “Por eso estimamos que son más los que nunca afrontaron un juicio, a pesar de haber sido procesados”, explicó la misma fuente.

Con el cambio de código, todas las causas quedaron en el sistema de régimen conclusional. En total, según los últimos datos, son unas 40.000 causas que esperan ser resueltas. Los fiscales y los jueces, por orden de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, deben atender las causas consideradas más conflictivas que son homicidios, abusos sexuales y a las bandas de asaltantes. Serían unas 8.000 causas.  

Los arrebatadores, por momento, ocupan los últimos lugares de las filas de los que deben ser juzgados. Otro dato: tienen un plazo de tres años para resolver estos casos, aunque exista la posibilidad de que se amplíen los plazos a través de la promulgación de una nueva ley. ¿Si Navarro no fue juzgado por las cinco causas que tuvo en cinco años, qué chances tiene un procesado por este delito ser enjuiciado? “Casi ninguna, porque lo más probable es que prescriba el delito del que fue acusado”, respondieron en Tribunales.