Fernando Valladares, el funcionario judicial supuestamente coaccionado por el juez Enrique Pedicone, logró liberarse de la obligación de declarar como testigo en el procedimiento de destitución de aquel magistrado. Valladares presentó una nota en la que informó que estaba enfermo y con “sus capacidades intelectuales restringidas”, y adjuntó certificados expedidos en enero por un psicólogo y una psiquiatra. Esta justificación fue acogida por el Jurado de Enjuiciamiento, que ayer propinó otros cuatro “no” a Pedicone: rechazó el pedido de examen psicofísico del secretario y  su sustitución por otros testigos; la ampliación de plazos y un careo (se informa por separado).

Valladares se desempeñó como fedatario de la ex Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción que integraban Pedicone y Eudoro Albo. Antes, había trabajado junto al ex juez destituido Roberto Guyot, donde terminó sancionado. Su paso por el tribunal de Apelaciones acabó en polémica: ocurre que escribió de su puño y letra, y firmó el acta donde dice haber escuchado cómo el vocal de la Corte Suprema, Daniel Leiva, citaba a Pedicone a conversar en la cafetería Ohana, donde, según el instrumento, aquel le había pedido con invocación del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo que “manejara las intensidades” de una causa penal del legislador opositor Ricardo Bussi. Luego de que Pedicone denunciara estos hechos, Valladares se desmintió a sí mismo: dijo que había labrado el instrumento público “por temor reverencial” al juez y que aquel lo había presionado. El magistrado, por su parte, presentó grabaciones donde el secretario ratifica el contenido del acta y asegura que iba a enfrentar las posibles amenazas. Según Leiva, el giro del fedatario acredita la falsedad de la acusación incoada en su contra (ver más antecedentes por separado).

El hecho es que Valladares, con el patrocinio del abogado Luis Alberto Acosta, sostuvo que padecía una mala salud física y psíquica constatada por facultativos, y que acumulaba “una prolongada licencia por enfermedad”. Uno de los certificados que adjuntó firmado por el psicólogo Claudio José Leccese dice que el paciente presenta “un cuadro depresivo severo”; que estaba tratándose desde octubre y que la fragilidad de su estado le impedía desarrollar la misma función de antes. La psiquiatra Cecilia Casali, por su parte, diagnosticó que el trastorno de Valladares le generaba pesimismo y gran inseguridad, y que, aunque había mejorado y estaba medicado, no debía asumir tareas de gran responsabilidad.

En la nota leída ayer por el secretario del Jurado, Álvaro del Barco Mugavero, el funcionario judicial afirmó que le resultaba imposible declarar como testigo porque Pedicone había sido el causante de su malestar. “El tema y la persona de que se trata (la audiencia) han sido el detonante de mi dolencia, y cualquier manifestación de mi parte estaría viciada en la voluntad, sin contar el daño personal que me causaría revivir situaciones cuestionadas”,   apuntó.

La ausencia de Valladares enfrentó a la defensa y a la acusación de Pedicone que lidera el legislador justicialista Zacarías Khoder en su condición de presidente de la comisión de Juicio Político. Mientras que el codefensor Arnaldo Ahumada consideró que el testimonio era ensencial, el legislador oficialista Khoder opinó que su participación podía ser suplida por otros medios de prueba y que la comisión de Juicio Político no iba a desestimar el cargo fundado en la retractación de Valladares. Al final, el Jurado que presidió el legislador oficialista Javier Morof acogió la postura de Khoder por unanimidad. Ahumada evaluó que esta decisión aumentaba la indefensión de Pedicone: “es muy escueta la prueba, así como extraña y displicente la acusación que o bien entiende que no hace falta probar nada o considera irrelevante hacerlo. Consideran que el juez ejerció una supuesta coacción sobre Valladares, pero él nunca declaró nada bajo juramento de decir la verdad”.