Luego de los disturbios que se produjeron el pasado 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, que dejó como saldo a cinco muertos y más de 100 detenciones, el FBI advirtió que ya cuenta con 140.000 fotografías y videos de la turba que asaltó el lugar.

Hasta el momento hay más de 275 sospechosos identificados, según indican los documentos judiciales del país. Además, investigadores, académicos y ciudadanos respondieron a la llamada del FBI en las redes sociales para solicitar que se proporcione toda la información que se tenga de los responsables, a fin de detenerlos lo antes posible.

En este sentido, el FBI abrió una página web en la que acepta cualquier tipo de información para corrobar, un software de reconocimiento facial y una aplicación de rastreo de datos de ubicación que dejaron los celulares de quienes ingresaron ese día al Capitolio. Cabe recordar que, en Estados Unidos, las compañías que proveen servicios están obligadas a entregar la información a las autoridades, según se considere necesario.

“No estamos dejando piedra sin levantar, y todavía queremos más”, aseveró Steven D’Antuono, director adjunto de la oficina del FBI en Washington DC.

Esta situación, sin embargo, puede presentar ciertos riesgos a la hora de que los “detectives” voluntarios civiles publiquen capturas de pantallas de quienes, a su criterio, estuvieron aquel día y son infractores de la ley. Estos riesgos se deben a que identificar erróneamente a alguien como un alborotador puede considerarse un acto de difamación, lo que generaría multas, demandas y costosos acuerdos. Lo mismo sucede, incluso, cuando se identifica correctamente a alguien que estuvo en el Capitolio, pero no realizó actos delictivos.

“Cualquiera que piense ‘conozco a esa persona’ sólo necesita llamar a las autoridades. Es más seguro, tanto legal como físicamente. Así la persona cumple con su obligación ciudadana sin ponerse en riesgo de sufrir daños legales y sin dañar injustamente la reputación de otro individuo”, dijo Sandy Davidson, experta en leyes de la Primera Enmienda y profesora de la Universidad de Misuri-Columbia.

Por su parte, Greg Nojeim, director del Proyecto Libertad, Seguridad y Tecnología del Centro para la Democracia y la Tecnología, explicó: “nada prohibe a las personas del público compartir información con las fuerzas del orden”.

“Las fuerzas de seguridad deben tener cuidado de asegurarse de que la información que reciben sea útil para investigar la actividad de libertad de expresión”, aclaró luego en una entrevista con Bloomberg.

Las autoridades de Estados Unidos, mientras, siguen investigando el rastro digital dejado por las personas que asaltaron el Capitolio.

Michael Sherwin, fiscal federal en funciones para el distrito de Columbia, indicó que hay miles de testigos potenciales que pueden, a su vez, conducir a cientos de casos penales en la investigación. Por esto, manifestó, la pesquisa se extendería durante meses, con una amplia variedad de agencias involucradas, incluidas 56 oficinas de campo del FBI (Europa Press).