Cuarenta y cinco sociedades científicas repudiaron el fallo que ordenó al Sanatorio Otamendi a tratar con dióxido de cloro a un paciente en estado crítico con coronavirus, que finalmente falleció ayer, al tiempo que avalaron el accionar del establecimiento médico y recordaron que se trata de un tratamiento no autorizado por la Anmat.

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La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) emitió un comunicado para expresar “su total respaldo a los colegas médicos del Sanatorio Otamendi” en su negativa a suministrar a un paciente dióxido de cloro, “que no tiene ninguna evidencia científica para ser utilizado como droga de tratamiento", y nebulización con ibuprofeno, “que tampoco, hasta la actualidad, tiene trabajos científicos que avalen su indicación en esta forma”.

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“También queremos expresar nuestro repudio a la orden judicial dictada para que un profesional indique y administre ambas prácticas, en contra de su conocimiento científico y juicio médico”, agregó.

En el texto, la SATI señaló que "la justicia no debe obligar a los médicos a indicar un producto o una medicación que no tiene el respaldo científico y que no está autorizada por los entes de regulación nacionales e internacionales, ni respaldada por las sociedades científicas nacionales e internacionales”.

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Además, pidieron a “las autoridades competentes (ministerios de Salud, secretarías de Salud, colegios o consejos de médicos, instituciones judiciales)” que arbitren las medidas necesarias para dar “seguridad profesional y garantía jurídica a los profesionales”, de modo que “puedan actuar con la libertad que otorga la medicina basada en la evidencia científica, y para que se frene la judicialización de la medicina, sin razones coherentes, como lamentablemente, está sucediendo últimamente”.

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“Una de las bases de la práctica médica es no hacer daño al paciente. Claramente, con esta decisión judicial se está obligando a los profesionales del Sanatorio Otamendi a violar este precepto y poner en riesgo la salud del paciente”, concluyeron.

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Por su parte, la Sociedad Argentina de Medicina (SAM) se manifestó en respaldo a “los comunicados de Anmat y de la OPS respecto a no recomendar tomar productos que contengan dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de sodio o derivados en pacientes con sospecha o diagnóstico de Covid 19 ni en ningún otro caso”, dado que “no hay evidencia” de su efectividad como tratamiento “y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos”.

En tanto, la Asociación Toxicológica Argentina (ATA) reiteró su recomendación de “no utilizar productos a base de dióxido de cloro” ya sea en pacientes con sospecha o diagnóstico de Covid-19 como en cualquier otra enfermedad, “atento a no existir evidencias sobre su eficacia y porque estos productos pueden ocasionar graves efectos adversos sobre la salud de las personas que se pueden ver expuestas a estas sustancias químicas, tras la búsqueda desesperada de una cura milagrosa”.

“Para la Asociación Toxicológica Argentina la seguridad de las personas es el objetivo principal que debe acompañar a cualquier decisión o intervención en salud”, dijeron.

Por último, 45 sociedades científicas reunidas en el "Foro de Sociedades Científicas Argentinas, de Organizaciones de la Sociedad Civil y Universidades", emitieron un comunicado conjunto para expresar “suma preocupación” por “la injerencia del poder judicial en un tema médico-científico con implicancia en la salud pública” y para “repudiar el accionar de aquellos profesionales de la salud que alientan estas medidas y no miden el daño de sus actos”.

Aclararon que si bien es atendible "la desesperación de los pacientes y sus familias ante la presencia de una enfermedad” así como “el principio de ‘autonomía’ de los pacientes”, a ellos se oponen “otros principios como el de ‘beneficencia’ (en este caso ausente) pero fundamentalmente el de ‘no maleficencia’".

Además de ATA, SAM y SATI, entre las asociaciones firmantes se encuentran la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), la Fundación Huésped, la Sociedad Argentina de Virología (SAV) y la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE).

El 7 de enero un fallo del juez federal Javier Pico Terrero admitió como válida la medida cautelar presentada contra el sanatorio Otamendi y Miroli con la que se define que se "administre el uso del ibuprofenato de sodio, a través de nebulizaciones y de dióxido de cloro mediante vía intravenosa" a un paciente en grave estado de salud por coronavirus que "no había respondido a los tratamientos convencionales con oxígeno", y que finalmente falleció ayer.