La Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos y el embargo por un total de 30.200 millones de pesos para cuatro personas de nacionalidad peruana acusadas de integrar una asociación ilícita que durante 14 años se dedicó al lavado de activos provenientes del contrabando de divisas y el narcotráfico junto al financista "arrepentido-colaborador" Diego Guastini, asesinado en 2019 en Quilmes.

Fuentes judiciales informaron hoy a Télam que la medida de la Sala B de dicha Cámara recayó sobre el considerado jefe de la asociación criminal, Carlos Sein Atachahua Espinoza (51), su hija Naddya Lebira Atachahua del Águila (26) -ésta sin prisión preventiva-, Miguel Ángel García Ramos (47) y Carla Violeta Correa Castañeda.

En la causa, que instruyó el juez Pablo Yadarola, también está imputada Maribel del Águila Fonseca, esposa de Atachahua Espinoza y actualmente prófuga de la justicia argentina, en tanto Guastini (45).

Según las fuentes, los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio confirmaron el fallo de primera instancia del magistrado que dio por probado que la organización ingresó al sistema financiero y administró una gran cantidad de bienes producto del narcotráfico, disimulando su verdadero origen a través de distintas empresas, entre ellas Tebinan SRL, Espacio Libre SRL, Rosgar SA, SYB SA y Fideicomiso Rosario 724.

De acuerdo a la imputación, por medio de la adquisición de paquetes accionarios de esas firmas comerciales, la organización logró convertir aproximadamente 7.250.000 de dólares en efectivo en participaciones societarias que simulaban tener origen lícito.

Además, los pesquisas consideraron que parte de ese dinero que los procesados poseían dentro del territorio argentino por su actividad "desde al menos 2006 hasta el 21 de octubre de 2020" fueron convertidos en activos locales de apariencia legítima por medio de diferentes programas de exteriorización de capital.

Atachahua Espinoza, alias el "Gordo Jesús", era investigado desde principios de 2018 por operaciones inmobiliarias a través de distintas firmas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero la causa tuvo real impulso en septiembre de ese año cuando Guastini declaró ante la justicia federal de Lomas de Zamora como "imputado arrepentido colaborador".

De acuerdo a ese testimonio, Atachahua Espinoza "era quien traía grandes sumas de dinero, en euros, físicamente desde Europa hasta Argentina", para lo cual "lo hacía él o se valía de distintas personas que recibirían esas sumas en diferentes destinos y regresarían al país con las mismas, mediante alguna modalidad de ocultamiento en equipajes o en equipajes de mano".

De hecho, los investigadores determinaron que el primer viaje el imputado peruano lo realizó junto a Guastini, quien poseía una oficina de cambio de dinero situada en la calle Florida y Lavalle, en el microcentro porteño.

Guastini agregó que "Atachahua le manifestó que había estado cuatro años preso, que lo habían detenido en Chile y que lo habían extraditado a Perú por cargos de narcoterrorismo".

"En relación con la producción del material estupefaciente, manifestó que era llevada a cabo por la familia de la mujer de Atachahua, toda vez que eran de la zona productora de la localidad de Ayacucho en Perú, del valle productor", señaló el fallo del juez Yadarola, en el que se detalló que esta operatoria se inició en 2003.

Para el magistrado, la actividad de la organización se prolongó hasta fines de octubre de 2020, cuando la Gendarmería Nacional realizó una serie de allanamientos en domicilios particulares y oficinas del microcentro porteño y detuvo a los tres principales sospechosos.

Tras esos operativos, en los que se secuestraron 360.000 dólares, 4.600.000 pesos, 10.000 euros y divisas de Brasil, Japón, Rusia y el Reino Unido, entre otros países, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, reveló a la prensa que entre los detenidos estaba el presunto líder de una banda que había lavado 35 millones de dólares "en el curso de más de una década".

Mientras que Guastini, quien también era exsocio del financista Hugo Díaz (desaparecido desde 2015), fue asesinado el 28 de octubre de 2019 a la vuelta de su casa y a metros de la municipalidad del partido bonaerense de Quilmes, cuando circulaba en un auto importado y con una pistola Glock en la cintura, en un supuesto crimen del tipo mafioso.