El Poder Ejecutivo (PE) vetó dos leyes que apuntaban a combatir a las “mecheras” y frenar la “puerta giratoria” en la Justicia. La Cámara había aprobado modificaciones al Código Procesal Penal (CPP, N° 8.933) a través de esas normas (N° 9.323 y 9.322, respectivamente). Si bien la Casa de Gobierno las promulgó, le quitó artículos considerados claves.

La primera de las iniciativas había sido impulsada por el legislador oficialista, Gerónimo Vargas Aignasse, titular de la comisión de Seguridad. Proponía agregar un inciso al artículo 236 para que el juez pueda dictar la prisión preventiva si el “la mechera” o “el punga” contaran con dos o más procesos abiertos sin sentencia firme por un mismo delito. Esta fue vetada “parcialmente”.

El manzurista, en una charla con “BUEN DÍA, reconoció la decisión del Gobierno y explicó que, más allá de la exclusión de la medida cautelar, no se había modificado el apartado que contemplaba “la perimetral” en contra de los acusados, con el fin de evitar que estos retornaran al microcentro o la zona comercial. “Ante la violación de esa perimetral, sí se puede aplicar la prisión preventiva”, aclaró.

“El PE vetó parcialmente la ley. Dispuso que quede vigente la perimetral y excluyó la preventiva, al entender que se trataría de una condena anticipada. Es un criterio constitucional y nosotros respetamos los razonamientos que hay en los otros poderes del Estado. Tenemos entendido que hay un dictamen del Ministerio Público Fiscal (MPF) en este sentido. El gobernador (Juan Manzur) además ha consultado con la Justicia y ha buscado no ir a un conflicto constitucional, es decir, que no se declare inconstitucional la ley”, afirmó.

La querella, sin voz

La otra ley establecía mayor protagonismo de los querellantes en causas penales. Por ejemplo, que puedan solicitar al juez medidas de coerción o que sean notificados cuando de las aprehensiones. Había sido promovida por el radical José María Canelada.

“Se ha hecho quedar como que el Gobernador no está favor de la seguridad. Eso es un error, porque precisamente el nuevo Código Procesal Penal ha sido idea e impulso de Juan Manzur y de Osvaldo Jaldo (presidente de la Legislatura) para agilizar todos los procesos penales”, manifestó el parlamentario, quien fundamentó que desde septiembre se había duplicado la cantidad de prisiones preventivas ordenadas.