La Justicia provincial dispuso la suspensión de débitos directos que se efectuaban sobre cuentas de trabajadores del Estado. La medida se extenderá por un plazo de tres meses, durante los cuales la entidad financiera deberá abstenerse de realizar esos descuentos.
La medida cautelar fue dispuesta por el juez Rafael Macoritto, al hacer lugar al pedido del titular de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, Pedro Gallo, en el marco de una investigación iniciada a partir de la denuncia penal formulada por el titular de la Defensoría del Pueblo, Fernando Juri Debo.
El ombudsman local expresó su satisfacción hoy por la disposición judicial. En el programa “LA GACETA Central”, recordó el caso y afirmó que están involucradas “varias empresas”. “Presentamos una denuncia penal por posible estafa. Debo remarcar la celeridad del Ministerio Público Fiscal (MPF). Ayer salió la medida cautelar, en el que se ordena a los bancos a no descontar para las seis firmas que habían sido denunciadas, hasta tanto estas últimas aclaren si tenían autorización para realizar las operaciones bancarias”, señaló.
"Gracias a Dios, salió antes de que se cobrarán los sueldos", añadió el funcionario, quien aclaró que la investigación apunta a una posible asociación ilícita. "El fiscal tratará de establecer cómo sacaron los CBU, cómo sacaron las 17.000 claves únicas bancarias", enfatizó.