Más de la mitad de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento no ofrecen garantías de imparcialidad y, por ello, deben apartarse del organismo, según Enrique Pedicone, juez del Tribunal de Impugnación de la capital y denunciante del vocal Daniel Leva. Con esa finalidad, el magistrado sometido a un procedimiento de destitución hizo una presentación este jueves donde recusó a los cuatro legisladores de la mayoría (Javier Morof, Dante Loza, Daniel Herrera y Sara Alperovich -fue incluida con los oficialistas aunque integra un bloque distinto-) y al fiscal de Estado del Gobierno de Juan Manzur, Federico Nazur. En el mismo escrito, el juez pidió la suspensión de su jury con el argumento de que este estaba basado en hechos que el Poder Judicial debía dirimir, especialmente su supuesta actuación sin competencia en las causas de los billares y “Bravo”.
Si la recusación prosperara, los jurados deberían ser sustituidos. Completan ese cuerpo el vocal de la Corte, Daniel Posse; el legislador alfarista, Walter Berarducci, y el abogado Javier Critto, quien reemplazó a Esteban Jerez, defensor de Leiva. El Jurado debe reunir cinco votos para destituir a Pedicone.
Con sus abogados Fernanda Battig y Arnaldo Ahumada, el juez planteó que las convenciones internacionales de derechos humanos obligaban al Estado tucumano a garantizar juicios justos sustanciados por tribunales independientes, sin perjuicio de que en 2017 la Legislatura había restringido al máximo las causales de excusación y de recusación de los jurados. El magistrado expresó que la modificación intentada por la Ley 8.966 resultaba inaplicable por ilegítima, arbitraria e inconstitucional en tanto pretende desconocer derechos ya adquiridos por cualquier imputado, y que por ese motivo había solicitado su anulación mediante un amparo radicado en la Corte.
Pedicone y sus letrados refirieron que imparcial era aquel que carecía de interés particular en el resultado del procedimiento. Y añadió que él ya había invocado este motivo en la comisión de Juicio Político de la Legislatura que resolvió acusarlo ante el Jurado el 18 de noviembre, y que había sido rechazado respecto de los legisladores oficialistas Zacarías Khoder, Adriana Najar y Mariela Reyes Elías. Esos parlamentarios habían sido objetados por “prejuzgar”: Pedicone adujo que aquellos integraban las comisiones que solicitaron a la presidenta de la Corte, Claudia Sbdar, y al vocal Leiva las causas que este había mencionado como reveladoras de que su denunciante liberaba presos con preventiva “contra el orden jurídico”. La Legislatura luego publicó ese listado proporcionado por el propio Leiva en una solicitada incluida en LA GACETA. Ello ocurrió el 6 de septiembre, el mismo día que este diario difundió los audios donde la voz atribuida al vocal pide a Pedicone, con la invocación de los nombres del gobernador Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo, que “maneje las intensidades” de una causa penal por supuestos delitos sexuales y de corrupción adjudicados al legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana).
“No ha escapado a esta defensa la manera desembozada mediante la cual el presidente de la comisión, Khoder, se apartó del tratamiento de los juicios políticos contra el juez Juan Francisco Pisa argumentando una de las causales que le negaron descaradamente a nuestro defendido. ¡¡¡ Un verdadero escándalo, por donde se lo mire!!!”, exclamó la defensa de Pedicone. Khoder se inhibió porque Pisa debía expedirse respecto de un requerimiento de juzgamiento existente en su contra por posibles actos de corrupción.
El juez objetó la participación de Alperovich, Herrera y Morof por la misma razón argüida respecto de Khoder y compañía: formar parte de las comisiones implicadas en la difusión de las causas de Pedicone proporcionadas por Leiva. “De esa manera tomaron partido en mi contra”, dijo. En cuanto a Loza, Pedicone apuntó que este lo había criticado en la prensa por denunciar al vocal con frases como “los audios son espantosos: no se entienden nada”. Y agregó que Morof había manifestado a los medios que “las grabaciones eran novelescas” y que “correspondía una sanción ejemplar para el juez si este las había armado”.
El magistrado impugnó a Nazur por su condición de representante de Manzur: dijo que esto hería cualquier expectativa de independencia y que, por ello, ya había judicializado su intervención en el Jurado mediante otro litigio en trámite en la Corte. Además, expresó que el fiscal de Estado iba a tener que juzgar sobre audios que mencionaban al gobernador. Por último, Pedicone afirmó que entre Nazur y Leiva había una amistad estrecha.
Más allá de las recusaciones, el juez solicitó al Jurado que suspenda el procedimiento iniciado el 24 de noviembre hasta que la Justicia se expida con el carácter de cosa juzgada acerca de la imputación de que él actuó sin competencia en las causas “Bravo” y de los billares. Según Khoder, esta es el principal reparo esgrimido contra Pedicone. Este afirmó que la cuestión estaba siendo debatida en el Poder Judicial -con una acordada dividida, la Corte ratificó el apercibimiento que le impuso, pero la decisión aún no está firme-. Pedicone y sus abogados plantearon que el hecho de que la Justicia estuviese dilucidando la denuncia contra Leiva había llevado a la mayoría peronista de la comisión de Juicio Político a rechazar y a archivar los seis pedidos de destitución del vocal. “Ese razonamiento fue quebrado respecto de nosotros. En este caso, el silogismo fue: todos los hechos que están siendo investigados por otros poderes del Estado carecen de entidad para fundamentar un proceso de destitución (premisa mayor); los hechos imputados a Pedicone están siendo investigados (premisa menor) y la acusación debe ser admitida a modo de conclusión”, razonaron.